Desalojan a una familia campesina para instalar una planta de Girsu 

Una familia campesina de la localidad de El Fuerte fue desalojada de sus tierras por el gobierno de la provincia, a través del uso, inusitado, de la fuerza pública, durante este martes.

La familia campesina Peralta fue despojada de su predio que está ubicado sobre la ruta provincial N°6, Paraje La Lechería.

El desalojo fue realizado sin orden judicial, sin ninguna documentación, sólo con órdenes verbales del subcomisario Cristian C. Baca y de la Escribana del gobierno provincial María Laura Corimayo, quienes estaban a cargo del operativo de desalojo.

A la orden de ellos la policía echó violentamente de su posesión de varias décadas de antigüedad a los Peralta y a la gente que los acompañaba.

Inmediatamente los efectivos destrozaron el puesto, los corrales y todo lo que encontraron, para dejar todas las pertenencias de la familia tiradas en la ruta. Las vacas en este momento continúan adentro del predio. Luego, con custodia policial, una empresa constructora comenzó la colocación de un alambrado, para instalar una planta de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu).

Este desalojo violento, denunció el Movimiento Nacional Campesino Indígena- CLOC Vía Campesina MNCI, sin ninguna orden judicial, ignorando la posesión de la familia Peralta, y responsabiliza al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, al ministro de Gobierno y Justicia, Agustín Perassi, del Subcomisario Baca y de la Escribana Corimayo, que “el gobierno de Jujuy vulneró y atropelló, sin reparar en las más mínimas formas jurídicas y violentado el estado de derecho”, posteó en sus redes sociales.

«Asistimos a un intento de avanzada en nuestros territorios campesinos e indígenas. Todas tierras habitadas por familias campesinas que viven allí generaciones tras generaciones», agregaron.

Vincularon que ello se da tal «como se lo quiere hacer con el negocio inmobiliario en los Diques de Los Perilagos –donde se pretende avanzar con un proyecto para un Ecoparque-; como se lo quiere hacer con el cultivo industrial de cannabis en Finca El Pongo, el Parque Industrial en Palpalá o como con los desmontes para monocultivo en Palma Sola».

Las organizaciones cuestionaron que con ese objetivo «se sancionó una ley inconstitucional que permite desalojos administrativos en tierras fiscales sin intervención judicial».

358-DP-21

La familia Peralta señaló que hace más de 20 años «vivimos en el lugar» y advirtieron que «contamos con los planos presentados aprobados por la Dirección provincial de Inmueble».

Denunciaron el «completo estado de vulnerabilidad y avasallamiento» en que se encuentran y agregaron que «la Justicia no envió ningún oficio y la policía adujo haber sido enviada por el Gobierno provincial».

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