Panorama: El riesgoso oficio de ser abogado en Jujuy

Por Alejandro Cano, para El Submarino Jujuy. Muchos recuerdan que a fines de 2015 una de las primeras medidas que llevó a cabo el entonces flamante gobernador Gerardo Morales fue la ampliación del Superior tribunal de Justicia de Jujuy. El acto fue considerado como una avanzada estratégicamente calculada que dio inicio a un proceso de concentración de poder que no ha cesado desde entonces en este rincón del país.

Paralelamente, la implementación del Ministerio Público de la Acusación plantaba otra bandera en la conquista del escenario jurídico y político, en una época en la que el macrismo empezaba a tomar las riendas del país. Acompañó este proceso una conducción del Colegio de Abogados local que en silencio parecía avalar la institucionalidad instaurada por el Frente Cambia Jujuy.

Hay actos que se convierten en símbolos. Desde un recorte arbitrario, tres casos testigos dibujan el estado actual de vulneración de derechos y violencia política que atraviesa la provincia.

H.H.H.

El abogado Héctor Hugo Huespe se hizo conocido por representar a los vendedores ambulantes nucleados en Ambulantes, Feriantes y Afines Agrupados de Jujuy (AFAAJ) y también por defender a los vecinos del barrio Campo Verde que se resistían a la construcción de una escuela en uno de los pocos espacios verdes del lugar.

Huespe tuvo una participación destacada en ambos casos, logrando por ejemplo que la justicia declare la ilegalidad de la retención de mercadería a los vendedores ambulantes por parte del municipio capitalino, en manos del intendente radical Raúl “Chuli” Jorge. Fue cuando estos trabajadores pudieron organizarse políticamente y presentar una lista de candidatos a concejales en las elecciones legislativas provinciales del 27 de junio pasado.

La respuesta del gobierno provincial fue a todas luces promover, a través de la justicia, la detención e imputación de Huespe en varias causas judiciales. Su arresto, a comienzos de este mes, provocó un fuerte impacto por la forma en que fue trasladado a sede policial y porque durante varias horas no se supo dónde estaba.

Legislatura vs. Colegio de Abogados

A algunos letrados del foro local les molestó que las nuevas autoridades del Colegio de Abogados, electas en mayo pasado, cantaran triunfantes la marcha peronista el día de su asunción. “Perón, Perón, que grande sos”, vocearon el 9 de junio en el impoluto auditorio de la sede, mientras los del otro lado rumiaban la bronca por haber perdido un espacio de poder.

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La nueva comisión, presidida por Marcelo Elías, empezó dar vuelta la página y marcar posiciones, pero no se privaron de compartir sonrisas para la foto junto al actual presidente del STJ Ekel Meyer en el Acto del Día del Abogado. Total diplomacia.

A todo esto, el gobierno provincial comenzó una movida con el fin de llevar a la Legislatura un proyecto de ley para cambiar la naturaleza y la composición del Colegio de Abogados, ya que claramente no puede manejar la institución. Guerra fría en puerta.

Cuando la institución abogadil emitió un comunicado institucional cuestionando la detención de Héctor Hugo Huespe, las sonrisas en el Ejecutivo se desdibujaron y el diputado oficialista Ramiro Tizón, en pleno recinto legislativo, puso en consideración y logró que se sancionara una resolución en repudio de aquel comunicado. Abogados repudiando a abogados que repudiaron la detención de un abogado. Todo revuelto.

Morales & Morales contra Giusti

El abogado sampedreño Juan Giusti denunció que está sufriendo el invento de una causa judicial, una más contra un opositor a la gestión de Morales. En diálogo con este cronista, afirmó que el gobernador “utiliza la justicia para silenciar a la oposición”, y mencionó como ejemplos el de Huespe y el de la diputada provincial Alejandra Cejas. “A mí, como no puede inventarme otra cosa, me acusa por daños y perjuicios”, señaló.

La demanda es por una supuesta injuria hacia el gobernador a través de denuncias que hizo Giusti mediante publicaciones en Facebook sobre el manejo de la empresa Cannava. Dice la acusación que el abogado busca “generar la idea” de que hay un delito de narcotráfico.

“Yo sólo cuento lo que pasa y cada uno puede entender lo que quiera -se defiende-; venimos luchando en la justicia con la diputada Cejas para evitar que Jujuy se convierta en un narcoestado con la plantación de 10 mil hectáreas de marihuana”.

Giusti señaló que todo ciudadano tiene el derecho de controlar al gobierno y advirtió que con este tipo de avanzadas se atenta gravemente contra la libertad de expresión. “Los Morales (Gerardo y su hijo Gastón) no rinden cuenta sobre lo que hacen y cómo manejan los fondos de, por ejemplo, Cauchari y Cannava. Si hubieran sido transparentes, que presenten los respectivos contratos”, desafió.

“Morales cree que con esto me va a callar, pero se equivoca. No es la primera vez que me persiguen. Morales cree que al contar con la voluntad popular tiene la suma del poder público y se rodea de inútiles que le consultan todo, y termina tomando él todas las decisiones”, completó.

Calidad institucional en duda

En este tramo de su segundo mandato, el Gobierno de Jujuy parece haberse dicho a sí mismo que le da el cuero para más. Los casos descriptos más arriba brindan algunos elementos para pensar que es así. Desde la victoria en las legislativas provinciales del 27J y su correlato en las PASO del 12S, el oficialismo se inclina a pensar que la voluntad popular le ha firmado un cheque en blanco y parece decidido a actuar en consecuencia.

Estos casos interpelan a poner sobre la mesa la necesidad de debatir la calidad institucional de nuestra democracia y construir una alternativa a cualquier intento de ejercer la suma del poder público.

La realidad de Jujuy llama a empezar a mirar estas cuestiones. Tal vez sea hora que organismos nacionales como el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos pongan la lupa y observen detenidamente los informes que les enviaron oportunamente distintos referentes, dando cuenta de hechos que, a fuerza de costumbre, se naturalizan peligrosamente. Puesto que, con violencia política, disciplinamiento de la oposición mediante la justicia, discrecionalidad de la pauta publicitaria a medios independientes, persecución al ejercicio de la abogacía y a la libertad de expresión, entre otras cuestiones, no se puede vivir “unidos, responsables y solidarios”.

* La Noche de las Corbatas se denomina al operativo represivo que en julio de 1977 secuestró a abogados y abogadas en la ciudad de Mar del Plata