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En la última sesión de la Legislatura se convirtió en ley el proyecto del Ejecutivo para declarar Sitios de Memoria los lugares que funcionaron como Centros Clandestinos de Detención en la provincia durante la última dictadura. Ariel Ruarte, diputado del Frente Unidos y Organizados (Fuyo) y abogado querellante en juicios de lesa humanidad, dijo en diálogo con El Submarino Radio que aún falta acordar con los organismos la manera en que se marcarán los sitios y completar la lista de lugares, aunque destacó que se trata de un avance.
El objetivo de la ley es establecer y fijar los lugares por donde pasaron, entre otras, las 129 personas que estuvieron privadas de la libertad en épocas de la dictadura y que permanecen en situación de desaparecidos.
Si bien el proyecto salió del Poder Ejecutivo, por iniciativa de Ruarte los organismos de derechos humanos de Jujuy participaron en la Comisión de Derechos Humanos en la determinación de los lugares. La ocasión sirvió además para que los organismos reiteraran su demanda por la reactivación de la Comisión Especial de Derechos Humanos en la Legislatura.
Ruarte aclaró: “Yo no acompañé el despacho porque creo que se escaparon un par de lugares, como por ejemplo la comisaría de La Mendieta. Y como soy representante legal y compañero de algunas de las víctimas, no firmé”.
Pero sí acompañó la ley, aunque en la fundamentación hizo “algunos pequeños reproches de tipo formal”, como cambiar la “última dictadura militar” por “cívico militar”. Lo explica así: “La participación de civiles es una verdad, y en Jujuy estuvo Ledesma poniendo las camionetas de la empresa la Noche del Apagón, lo que fue reconocido por la Cámara Nacional de Casación Penal. Y está también la participación eclesiástica, reflejada por ejemplo en el relato de Rita Cordero de Garnica en el juicio, cuando contó cómo el obispo de ese momento participaba en la torturas que le hacían de ella”.
“También pedí que se ponga algo en la entrada del RIM 20, porque ahí hay un cartel que habla de la historia del Regimiento pero no dice nada de lo que pasó entre los años 1976 y 1983”, agrega.
Los sitios que sí están contemplados son, entre otros, las comisarías de Ledesma, Libertador, y Calilegua, y las gendarmerías.
Todavía no se sabe cuál será la manera en que se señalarán los Sitios de Memoria. El antecedente más inmediato es la placa de mármol que fue colocada el 24 de marzo en el penal de Villa Gorriti por iniciativa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia. Para Ruarte, no es la modalidad más adecuada: “A mí me parece que si el cartel expresa algo tan grave como lo que nos pasó y que no queremos que vuelva a pasar, tiene que ser algo que se vea cuando uno pasa, y no que la gente se tenga que detener a ver qué dice”.
En ese sentido, opina: “Me parecía más útil el grafiti que había antes, que decía ‘Acá funcionó un Centro Clandestino de Detención’, porque dejaba claro el mensaje”.
Más allá del ‘cómo’, el diputado destaca la aprobación de esta ley como un avance: “Después podemos pelear por la demarcación, pero lo que se votó ya es importante”.
De todos modos, para Ruarte no se trata solo de poner placas, carteles o señalizaciones. “Me parece que un organismo del estado democrático, si está tratando de reparar lo que pasó en esos años, tiene la obligación de restituir y reparar”, reclama, y en esa línea agrega: “Las políticas de derechos humanos que fueron desarrolladas por el gobierno kirchnerista tienen que continuar”.
