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Paz: «Se juzga una protesta pacífica que pedía un diálogo que hasta hoy no se efectivizó»

juicio dic15 paz 05Luis Paz, abogado representante de la Tupac, explicó en diálogo con El Submarino Radio (91.5 MHz) que un veredicto de culpabilidad en el juicio contravencional contra Milagro Sala y la Tupac podría derivar en una sanción pecuniaria o trabajo social para los referentes de la organización, aunque subrayó que se trató de una manifestación pública y pacífica pidiendo diálogo  y continuidad laboral para los 15 mil cooperativistas de la Red. 

A las 18 de este martes empieza la segunda audiencia del juicio contravencional contra Milagro Sala en el que se la acusa de organizar el acampe que se instaló en la plaza Belgrano el 14 de diciembre de 2015 y que la Tupac Amaru y la Red de Organizaciones Sociales mantuvieron hasta los primeros días de febrero. “Estamos citados a las diez de la mañana en el Juzgado Contravencional –precisó Paz- y están citados seis testigos, por el departamento contravencional y por esta defensa”.

La expectativa, dijo el letrado, es que en la misma jornada se llegue a alegar y se dicte veredicto. Y advirtió: “Quiero recordar que estamos discutiendo el derecho a la protesta, el derecho a manifestarse públicamente como la ha hecho la Tupac Amaru y 26 organizaciones más en la provincia de Jujuy, como lo hicieron Milagro y miles de organizaciones sociales. Y solamente está siendo juzgada la participación de Milagro y de la Tupac Amaru”.

-¿Cuál sería la sanción en caso de que se dicte un veredicto desfavorable?

-En el caso de que este juzgado entienda que la protesta es una infracción, que la manifestación pública y pacífica, como ha sido demostrado con todos los testigos, es anticonstitucional, podría aplicar una sanción pecuniaria o trabajo social para los referentes de la organización. La Constitución Provincial es sumamente clara en este sentido. Entiendo que el juez tiene que valorar que no han existido hecho de ninguna naturaleza que no sea una protesta pública y pacífica como la que llevó adelante durante 52 días la ROS en la plaza pidiendo primero diálogo, cosa que hasta el día de hoy no ha ocurrido, y segundo, la continuidad laboral de los 15 mil cooperativistas de la Red. Quiero recordar que estos 15 mil cooperativistas continúan sin trabajo y que el diálogo pedido no se ha efectivizado, salvo con algunos dirigentes que hoy se sacan fotos con el gobernador.

-Si se dictan sanciones, ¿van a estar incluidos los diputados Mabel Balconte, Emilio Cayo y Germán Noro, y el concejal Bejarano, que llegaron a sus bancas con el Fuyo y luego rompieron para acercarse al oficialismo?

-Ellos no están siendo investigados, ni van a tener sanción, a pesar de que estuvieron los 52 días en el acampe.

-¿En este juicio también es querellante Gerardo Morales, como en el federal por los huevazos?

-En este juicio, particularmente, las partes son dos: por el estado provincial, el Departamento Contravencional, que es el equivalente a la fiscalía, y del otro lado está la defensa de Milagro y de la Tupac Amaru. Morales no se ha presentado como querellante, aunque existía la posibilidad.

-Ambos procesos, el contravencional y el federal, parecen tener un mismo sentido: castigar la protesta.

-En momentos previos a esta instancia del juicio contravencional, nosotros le planteamos al juez que estábamos siendo investigados en la justicia ordinaria por el mismo hecho y las mismas causas. Recordemos que Milagro fue detenida el 16 de enero por participar de un acampe, por lo tanto el acampe tiene una investigación penal preparatoria. Sin embargo, tanto en la faz administrativa como en la judicial, estamos llevando adelante y soportando dos juicios por las mismas causas y los mismos hechos, algo que está prohibido en la Constitución Nacional.

-¿Y entonces?

-Bueno, en Jujuy se respetan poco la Constitución Nacional y la Provincial. Existe un principio a favor de las personas para que no se juzgue dos veces por el mismo tema, principios de raigambre constitucional que han sido argumentos nuestros para que el juez contravencional diera un paso al costado. Sin embargo, este principio tampoco ha sido respetado por la investigación penal preparatoria y menos por la justicia contravencional de la provincia de Jujuy.

Huevazos

Para el miércoles a las 16 horas está previsto el inicio de la última audiencia del juicio federal que juzga a Milagro Sala como instigadora del escrache con huevazos del que fue objeto Gerardo Morales en 2009. Será una audiencia rápida: Sala dirá sus últimas palabras y seguidamente el Tribunal Oral federal dictará el veredicto.

Para Luis Paz, este proceso judicial tiene más de un significado. “La participación de los medios de comunicación, para nosotros y a nivel nacional, ha sido relevante en varios sentidos –analizó-. Hemos logrado poner en agenda que desde el año 2009, e incluso antes, Gerardo Morales pergeñó un plan sistemático de aniquilamiento contra la organización Tupac Amaru, particularmente contra Milagro Sala”.

Paz, que en este proceso representó a Graciela López, resaltó que en las audiencias de la semana anterior “quedó en evidencia frente a miles de argentinos y de jujeños, el armado de esta causa por una manifestación pública, por una protesta; con el gobernador querellante ausente en el juicio; con sus dos testigos clave que han puesto de manifiesto el invento de la brutalidad y el uso del estado a los efectos de conseguir cuestiones personales”.

“Quien quiera oír que oiga –desafió-. El querellante solo ha tenido un interés personal a los efectos de utilizar el poder judicial federal y forzarlo para llegar a esta instancia”.

Este miércoles, en uso del derecho de cualquier ciudadano a hablar antes de que se dicte el veredicto, “las palabras finales de Milagro serán reveladoras del entramado político judicial que se armó para aniquilar a una organización social y política y a la líder de esa organización”, anticipó.

“No quedaron dudas de esto, por lo menos para esta parte, para la audiencia y para los que estuvieron presentes en la sala, por lo vergonzoso de los testigos de la querella Arellano y Chauque, con muchas contradicciones entre ellos y finalmente al confirmarse lo que ya sabíamos: que él es empleado de Contaduría de la Provincia de Jujuy –repasó Paz-. Es decir que es empleado de Morales, aunque él mismo dice que no sabe leer ni escribir, con una categoría 24, que es la más alta en el escalafón administrativo de la provincia”.

El abogado puso esta cuestión en un contexto más amplio: “Esto es vergonzoso y debería alertar a los trabajadores estatales de la provincia. Porque mientras cientos de trabajadores luchan por recategorizarse, este testigo aparece con una categoría altísima en la administración pública”.  

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