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Ante el avance del proyecto de ley de adherir en forma parcial al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en Jujuy y el accionar de multinacionales mineras en la provincia, el bloque de diputados del FIT-U, pidió informes en la Legislatura y al Gobierno Abierto ante las concesiones otorgadas a empresas sin consentimiento de comunidades indígenas y estudios integrales del impacto ambiental.
Los pedidos de informes surgen de tomar las denuncias públicas que vienen realizando comunidades indígenas en los territorios donde avanza el saqueo del litio sin consentimiento, afirmó la diputada Natalia Morales, integrante de la comisión de pueblos indígenas y ambiente de la Legislatura de Jujuy.
“Nuestro compromiso es ser un canal que visibilice estos reclamos y luchas que se dan en los territorios desde hace más de diez años y que cobraron magnitud el año pasado en la lucha contra la Reforma Constitucional”.
“Sabemos que el Gobierno de Jujuy está del lado de las mineras, y hasta incumple un fallo de la Corte Suprema que exigió en marzo del 2023 a los Gobiernos de Jujuy y Salta informar sobre las concesiones dadas a las empresas, los procesos de consulta ciudadana y también los estudios de impactos ambientales acumulativos e integrales y la Línea Base a nivel de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Tendrían que rendir cuentas. Tenemos conocimiento que aprueban los estudios de las mineras que se manejan como juez y parte. Nosotros no tenemos expectativa en la Justicia, pero queremos dejar en evidencia como cómo se manejan, ellos hablan de derechos de las comunidades y de Jujuy Verde, pero son quienes pisotean y habilitan el extractivismo que genera consecuencias socioambientales de magnitud. Todo lo que está escrito en materia de derechos es papel picado”.
“También, pedimos información sobre el proceso de consulta previa, libre e informada, responsabilidad del Estado provincial y de la Secretaría de Pueblos Indígenas”.
“En la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc existe una Mesa de 33 comunidades que están organizadas y defienden su protocolo Kachi Rupi, elaborado en el 2015 para la consulta previa, libre e informada. El Gobierno de Jujuy en vez de garantizar ese derecho, desconoce el mismo. Otorga concesiones a las mineras primero, como sucedió en este último tiempo con las empresas Tecteprol, Pluspetrol y una concesionaria de Pan American Energy, y luego acciona para romper la organización de las comunidades con todo tipo de irregularidades, promesas y hasta cargos, aprovechando la necesidad de los pueblos”.
