Penitenciarios procesados: El fiscal considera que los vejámenes eran «una práctica habitual»

El fiscal Diego Funes solicitó la elevación a juicio oral y público de 23 penitenciarios, incluido el jefe del Servicio Penitenciario de Jujuy, Julio Arnaldo Vaca, a quienes acusa del delito de «severidades, vejaciones y apremios ilegales» contra Nahuel Morandini y Roque Villegas, quienes estuvieron detenidos 54 días por postear sobre el exgobernador Gerardo Morales.

En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), Funes explicó detalles de la investigación, en la que tomaron testimonio a otros reclusos que estuvieron alojados en el pabellón 2, donde ocurrieron los hechos, y revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad. A su entender, estas prácticas de maltrato y vejaciones «venían de tiempo atrás».

Para el fiscal, es «difícil de entender» que cometiera esos actos sabiendo que estaban siendo filmados. «Evidentemente esto refuerza la idea de que era una práctica habitual, que nadie se sorprendía por este tipo de acciones», comentó.

Funes no descartó que en algún momento pueda determinar la prisión preventiva de todos o algunos de los imputados.

Ahora se espera que la Oficina de Gestión del Poder Judicial determine la fecha de la audiencia de control de acusación y se designe el juez que llevará adelante el proceso.

-¿Por qué pidió que los 23 miembros del Servicio Penitenciario vayan a juicio? 

-Hace 10 días requerimos que se realice el juicio oral en contra de los acusados por dar vejaciones y severidades a los presos que guardaban, no solo a Morandini y Villegas sino a todos los alojados en ese pabellón, porque entendimos que estaban acreditadas esas vejaciones y severidades.

-¿Quién es el juez que actúa? 

-Ahora requerimos la audiencia y es la Oficina de Gestión la que después indica cuál va a ser el juez que va a estar presente. Y hasta ahora eso no ha ocurrido, no tenemos fecha de audiencia de control de acusación. Cuando notifican la fecha, notifican el juez.

-¿La Oficina de Gestión tiene algún plazo?

-No, no tiene plazo. Hay que tener en cuenta que esta es una causa donde no hay personas detenidas. Pero será prontamente. En general tardan como mucho 10 o 15 días, a veces lo fijan en dos o tres días. Es bastante ágil el trámite.

-En un párrafo de su dictamen usted habla de que los castigos y vejaciones eran algo sistemático. ¿Es así?  

-Lo que nosotros entendimos es que esto era una práctica habitual por parte de las personas imputadas que se extendió a lo largo del tiempo. La denuncia pública que hace en su momento Morandini, que dio lugar a una investigación de oficio, era con respecto a lo que él había padecido. Pero la investigación nos da cuenta de que en realidad no era una cuestión enfocada en esta persona sino que las personas que hemos imputado, que hemos decidido que vayan a juicio, realizaban este tipo de conducta en contra de todas las personas que estaban alojadas particularmente en ese pabellón 2, que le llaman de castigo. Y entendemos que venía de tiempo atrás.

-¿Qué elementos tuvieron en cuenta para llegar a esa conclusión? 

-A los fines de formular la acusación, hemos fijado un plazo en el que se produjeron estos hechos, desde el ingreso de Morandini y Villegas al Servicio Penitenciario, alrededor del 5 de enero, hasta la fecha en que nosotros fuimos y realizamos la última inspección en marzo. Hemos tomado entrevistas a presos que estuvieron alojados en ese pabellón durante ese periodo y hemos obtenido material fílmico de un determinado tiempo, porque si bien hay cámaras de seguridad en el sector, las imágenes se van borrando porque no hay espacio para guardar tanta cantidad. Pero nada me hace pensar que antes de enero no se practicaba esta misma modalidad de vejaciones y severidades aplicadas a los presos que allí se encontraban.

-Llama la atención la impunidad con la que actuaban, sabiendo que los filmaban. 

-Sí, es bastante incomprensible, difícil de entender. Evidentemente esto refuerza la idea de que era una práctica habitual, que nadie se sorprendía por este tipo de acciones.

-¿Qué penas podrían recibir si en el juicio los declaran culpables? 

-En la escala penal en abstracto, tiene hasta 5 años de prisión efectiva. Pero veremos en el juicio porque puede variar de acuerdo a la valoración de las causas atenuantes y agravantes que tenga cada uno de los hechos.

-Por estos días se plantea una contradicción, porque Morandini y Villegas fueron detenidos por unos posteos, pero estos penitenciarios no. ¿Cómo se explica?

-Yo puedo hablar por este caso en particular. Entiendo que no están dados los peligros procesales que marca el código procesal penal, de fuga o entorpecimiento. Por eso desde la fiscalía, hasta ahora, no hemos solicitado la prisión preventiva de los acusados. Pero esto no significa que no la solicitemos más adelante. La prisión preventiva es algo dinámico. Desde mi punto de vista, cuanto más se acerca la fecha de juicio, los peligros procesales se incrementan porque la persona tiene más cerca una condena efectiva y tiene más cerca la posibilidad de entorpecer o apretar o incidir en testigos que puedan ir a exponer a ese juicio. Así que hoy no tengan preventiva no es una cuestión definitiva. Vamos a ir evaluando paso a paso. La preventiva se puede pedir siempre, al igual que el cese de la preventiva.

-¿Por qué decidió actuar de oficio? 

-Yo inicié investigaciones de oficio en varias causas, y mis colegas también. Cuando algo toma tanta trascendencia pública, uno se entera; y es obligación de un fiscal investigar un hecho que conoce, sobre el que que hay una hipótesis de delito. Obviamente hay que ver la seriedad, la entidad que tiene, para decidir o no iniciar una investigación. Pero la investigación penal de oficio por un fiscal no es algo ajeno a la dinámica del trabajo de los fiscales. En general una investigación se inicia a partir de una denuncia, pero cuando toma estado público alguna declaración o alguna cuestión que advirtamos que puede ser delito, lo iniciamos. No debería extrañar. Es parte de nuestra tarea y de nuestras obligaciones.

Apartaron a los penitenciarios imputados por vejaciones a detenidos en el penal de Gorriti

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