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Pibes Villeros: Causa elevada a juicio oral y público, pero sin fecha estimada

En las últimas horas, con la designación de la vocal penal Alejandra Tolaba como presidenta del Tribunal de la Sala en lo Criminal, inicia el proceso para enjuiciar a Milagro Sala y otros 30 imputados más, de la causa Pibes Villeros. No hay fecha estimada.

Ademas de Tolaba, se deberá conformar el Tribunal con dos jueces más, luego se deberá notificar a los dos querellantes, que son el Fiscal de Estado, Mariano Miranda y al Fiscal de la Oficina Anticorrupción, Joaquín Millón Quintana; a los abogados defensores que son 22, juntos a sus defendidos, que son 31 imputados y procesados en la mencionada causa. También se deberá designar al fiscal del Tribunal.

Luego de la notificación, las partes tienen 10 días hábiles para pronunciarse sobre la constitución del Tribunal, luego audiencias preliminares, entre otras cuestiones legales. Fuentes judiciales estiman que antes de la mitad de año, podría comenzar las audiencias.

El juez de control penal Nº1, Gastón Mercau elevó a juicio oral y público la causa denominada “Pibes Villeros”, expediente Nº P-129.652/16. El magistrado que pidió licencia y la causa paso a manos de Jorge Zurueta, consideraba que hay semiplena prueba del desvío de 29 millones de pesos que el gobierno nacional envió a las cooperativas de la Red de Organizaciones Sociales para la construcción de viviendas sociales, más allá que se presentó documentación ante el magistrado, donde se aclara que esos fondos fueron utilizados para pagar los salarios de octubre y noviembre de 2015 a los cooperativistas.

La causa cuenta con 98 expedientes, alrededor de 17 mil fojas y reúne tres causas originales en las que 31 personas son investigadas, entre las que figuran otros dirigentes de la Tupac y exfuncionarios provinciales y municipales.

La causa se inició durante el acampe que realizaron la Tupac Amaru y la Red de Organizaciones Sociales en la plaza Belgrano, desde diciembre del 2015 hasta el 1 de febrero del año pasado, ante la falta de respuesta del gobierno de Gerardo Morales a un pedido de audiencia en el que dirigentes de la Red buscaban respuestas sobre la continuidad laboral de más de 15 mil cooperativistas.

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