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Este martes comenzó la 6° semana de audiencias del juicio oral, público y confidencial Pibes Villeros, con la declaración testimonial de cinco testigos. Una mujer se quejó ante el Tribunal en lo Criminal N° 3 por la falta de trabajo desde enero de 2016, cuando se instaló el acampe de la Tupac Amaru en la plaza Belgrano, y remarcó que algunos tupaqueros aún son perseguidos, «más allá de que nos desmembraron”, dijo.
Cerca de cinco horas duró la audiencia celebrada en el Salón Vélez Sarsfield del Palacio de Tribunales, por el juicio que se les sigue a 29 personas acusadas de los delitos de asociación ilícita, extorsión y fraude de fondos públicos destinados a la construcción de núcleos habitacionales.
Los testigos de la jornada pasada fueron presentados por una de las querellas, la Fiscalía de Estado. Una de ellas, Silvia Arias, además de quejarse por la falta de trabajo y la desarticulación de la Tupac Amaru a partir de enero de 2016, mencionó que integrantes de la Red de Organizaciones Sociales, que presidía Sala, cobraban los cheques.
Cuando fue consultada por la ruta del cheque, dijo que cada integrante al menos una vez tuvo que ir al Banco Nación a cobrar algunos, pero no precisó los montos porque dijo no recordarlo.
Arias contó a las juezas que conforman el Tribunal que estuvo en la organización Tupac Amaru desde sus comienzos, que en los últimos tiempos presidía una cooperativa y que junto a otros dos jefes cooperativistas tenían a cargo una cuadrilla de 120 personas. «Pero este gobierno nos obligó a salir a calle por más trabajo y las casas quedaron a medio construir porque nos dejaron sin trabajo, a mí y a otros miles de obreros y obreras”, reclamó.
«Lamento la situación que atraviesa la provincia”, dijo la mujer.
Luego, sollozando, explicó cómo era su trabajo: había un 60 por ciento de obreras y un 40 de obreros; además de construir casas, hacían calles, cordones cuneta, polideportivos, piletas de natación y núcleos habitacionales.
Dijo que los miembros de las cuadrillas eran los que integraban las cooperativas. Que muchos de ellos iban al banco con su DNI para cobrar los cheques, dejaban la plata en un bolso y regresaban a la obra, para seguir trabajando.
Luego recordó que las imputadas Mirta Aizama y Gladis Díaz eran las personas encargadas de pagar los sueldos a los trabajadores y quienes llevaban la administración contable.
Además de Arias, atestiguaron Micaela Calisaya, Claudio Rodríguez, Reina Soza, Sandra Rojas y Walter Mamaní, que aportaron poco y nada para develar la causa.
Para la audiencia de hoy están previstos cinco testigos, pero “sumamos dos más”, dijo la presidenta de trámite, María Alejandra Tolaba. Como siempre, se espera que el trámite empiece una hora más tarde, ya que habrá que esperar que se realicen las pruebas en la vivienda-cárcel de El Carmen donde Milagro Sala cumple preventiva, para que participe del proceso judicial a través de videoconferencia. En las últimas audiencias, la dirigente social permaneció en un sala contigua con audio.
