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«Por no haber conservado la aptitud y buena conducta exigida por nuestra carta magna provincial», el abogado Silvio Cazón presentó esta mañana un pedido de juicio político y remoción de la ex presidenta y actual vocal del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Clara Langhe de Falcone. La solicitud se basa en los causales previstos en la Constitución Nacional: «por delito, incumplimiento de los deberes a su cargo y por su incapacidad en el desempeño en sus funciones”, detalló Cazón.
«Se solicita la remoción e inhabilitación de acuerdo a la Constitución Nacional, que en el artículo 203 da las causales de remoción: por delito, por incumplimiento de los deberes del cargo o por incapacidad en el desempeño de sus funciones», precisó el abogado.
La primera causa a la que hace referencia el pedido está relacionada con dos delitos que fueron denunciados penalmente en mayo de 2107. Se trata de la supuesta supresión de identidad y la sustracción de un menor que en 1974 fue inscripto como hijo de Langhe de Falcone de manera irregular. Cazón puso el acento en el tiempo transcurrido de aquella denuncia penal sin que se haya avanzado en la investigación.
«La denuncia es de una gavedad extrema por el supuesto delito que se cometió, en virtud de la investidura de jueza de la doctora», estimó el abogado.
También cita en el pedido de juicio político el delito de «falsedad ideológica de instrumento público, porque hay un acta y hubo un certificado de un médico hoy fallecido, donde se adulteró un instrumento incribiendo como hijo natural», precisó Cazón. .
Silvio Cazón
Además de la supresión y suposición del estado civil y de la identidad, la sustracción de menores y la falsedad ideológica de instrumento público, el abogado fundamenta su pedido de juicio político en otro dos supuestos delitos: abuso de autoridad y tráfico de influencias. «Todo planteado como supuesto -aclara-, porque está en manos del órgano judicial».
«Pero está todo paralizado -continuó-. No tenemos conocimiento de por qué, eso lo sabrá Lello Sánches, porque él recibió el expediente 2017 y después no pasó nada más. Son causas que tienen total hermetismo, y yo como ciudadano no entiendo por qué».
En este sentido, Cazón analizó: «Las causas que tocan a funcionarios relacionados con este gobierno, de cualquier poder del Estado, se paralizan. Yo sostengo que en Jujuy el estado de derecho y el sistema republicano están avasallados, porque la vara de la justicia no es igual para nosotros, simples ciudadanos, que si son funcionarios afines al actual gobierno».
«Tenemos una jsuticia totalmente lenta -continuó-. El tiempo transcurrido a esta altura es irracional e ilógico. Ya pasamos todos los límites».
En su escrito, Cazón menciona que también habría de parte de Langhe de Falcone «un incumplimiento de los deberes a su cargo (…) por haber permitido que el Fiscal General de la Acusación, Dr. Sergio Lello Sánchez, ejerza la función de superintendencia del Ministerio Público de la Acusación, que legalmente y legitimamente le corresponde al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia».
El pedido de juicio político debe iniciar ahora el camino administrativo parlamentario previsto por la Constitución. Se conformará una comisión investigadora y luego, si se le da curso, se constituirán la comisión juzgadora y la acusadora.
