Ingresó en las últimas horas al Ministerio Público de la Acusación (MPA) un pedido de detención y destitución del fiscal de Estado, Miguel Ángel Rivas, quien está imputado por delitos relacionados con la violencia de género.
La solicitud fue presentada por su expareja y madre de uno de sus hijos, Andrea Fabiana Checa, en carácter de víctima, con el patrocinio letrado de Julián Martín Palmieri.
El pedido de detención se fundamenta en que el imputado, actual funcionario del gobierno de Jujuy, “puede entorpecer el procedimiento como ocultar evidencias basándose en el poder que él mismo manifiesta, como vino trascurriendo durante todos estos años”, dice el escrito.
SOLICITA MEDIDAS...Por otro lado, se plantea que «se ordene la destitución» de Rivas, por la gravedad del expediente, por la cantidad de elementos probatorios en su contra y por el poder que reviste por su cargo de fiscal de Estado. En el texto presentado al MPA se recuerdan las manifestaciones vertidas en el expediente por el propio Rivas, haciendo alusión que “yo soy el poder, soy la mano derecha de Morales, nadie se me anima, yo hago lo que quiera”.
El Fiscal de Estado fue imputado por delitos relacionados con la violencia de género
«Solicitamos a la Sra. Fiscal que se remitan todas las actuaciones de dicho expediente a las autoridades pertinentes del poder Ejecutivo de la provincia de Jujuy a los fines de que se tomen todos los recaudos necesarios tendientes al caso y se ordene la inmediata destitución del funcionario», señala el escrito.
Además, reiteran el pedido de medidas cautelares, perimetrales en favor de Fabiana Checa y sus familiares, «por la reiteradas y constantes amenazas e incumplimiento de dichas normativas por parte de Rivas».
«Por todo lo expuesto, solicito se dé la inmediata detención del Sr. Miguel Ángel Rivas o en su defecto la medida de coerción que la Sra. Fiscal considere oportuna a los fines del resguardo procesal de dicho expediente y para salvaguardar cualquier riesgo procesal», concluye el texto.
Violencia de género: La denuncia contra el fiscal de Estado lleva 18 años