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Conocidas las expresiones del gobernador Gerardo Morales a través de su cuenta de Twitter en las que repudia los hechos de Agrarias y promete «llegar a fondo», la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (Adiunju) difundió una respuesta en la que reclama la separación de sus cargos a todos los funcionarios y efectivos «que han avalado, ordenado y ejecutado las acciones que usted dice condenar».
«Sr. Gobernador: hubiese sido mejor que twitteara el número de decreto por el cual separa de sus cargos a todos los funcionarios y efectivxs de la fuerza que han avalado, ordenado y ejecutado las acciones que Ud. dice condenar», expresa el comunicado.
La Adiunju, «haciéndose eco de las más de 200 declaraciones de entidades de todo el país, al respecto, exige el total esclarecimiento de los delitos e irregularidades cometidos por el accionar policial que, habiendo irrumpido, ilegalmente y por la fuerza, en instalaciones de la UNJu, detiene, también en forma ilegal a dos estudiantes, los golpea y les aplica apremios ilegales».
«La policía actúa, sin orden judicial, en donde no se comete ningún delito (el fiscal penal de turno no toma intervención en el asunto) y le niega, al abogado, la presencia, en seccional, de uno de los detenidos», advierten los universitarios.
Afirman luego que el ministro de Seguridad Ekel Meyer «tiene conocimiento de los hechos, al menos desde la mañana del 13 de abril, cuando, a solicitud del abogado de la UNJu y bajo presión por la inminente presentación de un habeas corpus, interviene para que ‘aparezca’ el detenido cuya presencia, en la seccional, había sido negada».
«Posteriormente, tanto en el parte prensa que emite la institución policial como en la conferencia de prensa del día 14 de abril, se hacen afirmaciones mentirosas, lo que quedan evidenciado en la abundancia de material gráfico, que es de público conocimiento», repasan.
Alertan además que «no puede eludirse que todos estos hechos se producen en el marco de la aplicación del Código Contravencional, aprobado durante la gobernación de Fellner y aplicado, con fruición, por el gobierno de Morales, con el fin de intimidar y criminalizar la protesta social; una norma de menor rango que la propia Ley Nacional de Educación Superior y que la Constitución Nacional que, en su art. 75 inc. 19 garantiza la Autonomía Universitaria».
Afirman que «el Código Contravencional es una ley provincial que justifica detenciones arbitrarias de personas que no cometen ningún delito tipificado, como tal, en el código penal; un código que se aplica exclusivamente desde el Poder Ejecutivo, con jueces nombrados por dicho poder, que deciden sobre la libertad y los bienes de los individuos, violando los principios básicos de la división republicana de poderes», y recuerdan que «esta norma ha sido seriamente cuestionada, por su inconstitucionalidad, desde distintos organismos de Derechos Humanos, sindicatos, organizaciones estudiantiles, juveniles y sociales, tanto a nivel local como ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos».
Exigen luego la inmediata renuncia del ministro Ekel Meyer y la cúpula del Ministerio de Sguridad, del jefe de Policía y del director del Departamento Contravencional; la separación de todxs lxs efectivos implicadxs en los hechos; el procesamiento de todos los referidos por incumplimiento de deberes de funcionario público y/o privación ilegítima de la libertad y/o apremios ilegales, según corresponda, y finalmente la derogación del Código Contravencional.
