Piden sanciones para los policías que actuaron en el baile estudiantil: «Conductas criminales»

La organización Andhes (Abogados y Abogadas del NOA por los Derechos Humanos y Estudios Sociales) repudió el operativo policial desplegado en la noche del domingo en el local bailable Zaigua de Alto Comedero. En un comunicado, afirman que se incumplieron normativas de protección a niños, niñas y adolescentes y denuncian «conductas criminales» por parte de miembros de las fuerzas de seguridad.

«El operativo policial evidenció falta de criterios mínimos en el manejo y uso de la fuerza, que lejos de garantizar el resguardo de adolescentes, se predispuso a generar violencia y a poner en riesgo sus vidas», advierten.

En el comunicado, reclaman sanciones para los efectivos que participaron del operativo y que se avance «en la regulación efectiva de la seguridad como el control de riesgos en eventos masivos».

El texto completo

Desde Andhes, expresamos nuestro enérgico repudio al operativo policial represivo desplegado en el evento «Guerra de promo» realizado el 30 de abril, en un local bailable del acceso sur de Alto comedero.

Denunciamos el incumplimiento de las normativas que protegen a niños, niñas y adolescentes como así también la naturalización de conductas criminales por parte de miembros de las fuerzas de seguridad demostrada en la incapacidad para gestionar situaciones conflictivas.

El operativo policial evidenció falta de criterios mínimos en el manejo y uso de la fuerza, que lejos de garantizar el resguardo de adolescentes, se predispuso a generar violencia y a poner en riesgo sus vidas.

Las autoridades del Ministerio de Seguridad deben identificar y aplicar las sanciones correspondientes a los efectivos policiales involucrados y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy avanzar en la regulación efectiva de la seguridad como el control de riesgos en eventos masivos.

Recordamos que el Estado tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Exigimos a la justicia que actúe de oficio y sin dilaciones en la investigación y sanción de estos hechos graves de violencia institucional como las habilitaciones otorgadas al local.

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