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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) presentó ante el Estado nacional un pedido de informes sobre la situación de Milagro Sala, cuyas condiciones de detención son materia de seguimiento del organismo internacional desde 2017. En este contexto, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, visitó a la dirigente social en su casa de San Salvador de Jujuy, donde cumple prisión domiciliaria.
La Secretaría de Derechos Humanos informó que, «a partir del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que convalidó la persecución judicial contra Sala en Jujuy», la CorteIDH solicitó informes al Estado argentino para conocer la situación de la dirigente social, beneficiaria de una medida provisional de ese tribunal.
En cumplimiento de esta solicitud, Horacio Pietragalla Corti visitó este lunes a la referente de Tupac Amaru en su domicilio y mantuvo una reunión con su equipo de abogados. El funcionario estuvo acompañado por el jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos, Nicolás Rapetti, y la directora del Cuerpo de Abogados en Procesos de Verdad y Justicia, Paloma Álvarez Carreras.
La CorteIDH otorgó plazo hasta el 9 de enero de 2023 para que el Estado presente sus observaciones sobre la situación actual de Sala. El pedido de informes surge a partir de una presentación realizada por la defensa de la dirigente social ante el riesgo de que se incumpla la medida provisional dictada para proteger su integridad física y psíquica.
En esa presentación, la defensa señala la presión ejercida por el gobernador Gerardo Morales para que Sala vuelva a una prisión común luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara la condena y convalidara así la actuación de las autoridades judiciales de Jujuy en la persecución arbitraria a la dirigente social.
«Sala debe seguir en prisión domiciliaria por estar vigentes las medidas de protección dictadas por la Corte IDH en 2017. El incumplimiento de esas medidas, así como las violaciones a las garantías del debido proceso en su contra, comprometen al Estado argentino en su responsabilidad internacional», indica el comunicado de la Secretaría.
«La Corte IDH tiene una medida a favor de Milagro Sala en relación al arresto domiciliario por su situación de salud y que cese la persecución que estaba sufriendo. y ante un nuevo pedido de la CIDH estamos elaborando un informe sobre su situación y su estado de salud», refirió Pietragalla Corti en conferencia de prensa.
En ese marco, consideró que existe «una medida previsional de la Corte IDH que obliga al Estado argentino a cumplir lo que esa medida dicta, nosotros adherimos a los organismos de derechos humanos constitucionalmente, entonces tenemos que seguir manteniendo esa domiciliaria».
Más adelante se expresó sobre el pedido del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, para que Sala cumpla la condena en una cárcel común. «Hace ruido que el gobernador pida una cárcel común teniendo en cuenta que los poderes judiciales son independientes de los poderes ejecutivos», sostuvo.
Asimismo, recordó que el referente radical jujeño hace poco tiempo se pronunció a favor de un jugador de futbol de Irán y «obviamente repudiamos la pena de muerte en cualquier parte del mundo, hay que ser respetuosos de los derechos humanos en el exterior, pero también en el lugar donde se gobierna», expresó.
«Le pedimos (a Morales) que no intervenga obligando o presionando a la Justicia para que traslade a Milagro a una cárcel común porque la Corte IDH nos obliga a respetar ese mandato», reafirmó Pietragalla Corti.
‘Estamos llegando a un límite’
Durante la jornada el funcionario nacional también encabezó una reunión con dirigentes de organizaciones de derechos humanos, con los cuales acordó conformar una comisión y así avanzar sobre las denuncias de persecución política detalladas por los activistas a través de causas judiciales y contravenciones contra los colectivos.
Entre ellas mostró su preocupación por el caso de Mónica Cunchila, madre de Iara Rueda, adolescente asesinada en septiembre de 2020 en la ciudad de Palpalá, sobre quien pesa una causa contravencional por reclamar justicia en las calles de San Salvador.
«Creo que estamos llegando a un límite, los organismos están muy preocupados por esta situación», manifestó sobre casos de «violencia institucional», ligados también entre otros a pueblos originarios, familias campesinas sobre la «lucha por las tierras que habitan».
Sobre la comisión que se conformó buscará que a partir de enero realizar «un relevamiento sobre las denuncias» al tiempo que oficiará de «interlocutores ante la Justicia y autoridades políticas para que esto cese un poco», señaló.
