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«Termina aquí». Así de contundente fue el diputado provincial Ramiro Tizón al informar esta mañana que quedaron desestimados los dos procesos de juicio político que impulsaba el oficialismo contra el fiscal general del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Ficoseco, y los integrantes del Tribunal de Cuentas Nora Millone Juncos, Mariana Bernal y René Barrionuevo. Se podría promover ahora una investigación en torno de las denuncias originales, presentadas por dos mujeres a las que el gobernador Gerardo Morales había calificado como «valientes ciudadanas».
El diputado del PJ Juan Cardozo remarcó que «quedó demostrado que no había causales para la promoción de la denuncia» y sentenció: «Hoy ha triunfado la institucionalidad de Jujuy».
Para la legisladora justicialista Alejandra Cejas, en tanto, esta terminación del proceso debe interpretarse en un contexto más general. “Desde el 10 de diciembre asumimos un nuevo rol a nivel nacional desde el oficialismo, y en nuestra provincia el rol se debe ejercer desde una clara oposición y control; por lo que no se puede acompañar a Morales, que trata de eludir las orbitas de los organismos de control”.
Cejas indicó que la comisión acusadora estuvo «muy mal conformada», y atribuyó esta irregularidad a que «el gobierno estaba muy apresurado en su intento de cambiar al fiscal general y a los miembros del Tribunal de Cuentas». “No estaban dadas las condiciones políticas ni jurídicas para este juicio político, no había ningún argumento para votar a favor de estos juicios”, agregó.
Tizón, quien actuó al frente de la comisión investigadora y de la Sala Acusadora, explicó que «se hizo evidente» que no alcanzaban los 16 votos requeridos por la Constitución para avanzar con los juicios, por lo que desistieron de votar y emitieron una resolución en la cual se desestiman los juicios políticos.
«Debíamos hacer primar las garantías para los acusados», agregó el legislador, e informó que «no va a haber insistencia al respecto». «Lo que se resolvió hoy termina aquí», completó.
Consideró más adelante que «en democracia las mayorías son las que hacen justicia», y en este sentido afirmó que «es un resultado que debemos respetar».
«Nosotros no hacemos justicia -continuó-, eso lo hace el Poder Judicial. Nosotros evaluamos conductas políticas».
Ahora la propia Legislatura provincial podría impulsar una investigación sobre las dos mujeres que presentaron los pedidos de juicio político contra Ficoseco y los miembros del Tribunal de Cuentas, sobre quienes el gobernador Gerardo Morales había dicho que se trataba de «dos valientes ciudadanas».
«Nosotros desde el bloque del PJ, entendíamos que los juicios políticos impulsados por el gobierno de Morales constituyen un avasallamiento a las instituciones que ejercen la tarea de control”, afirmó Cejas.
Las iniciativas para impulsar estos procesos habían despertado el alerta en ámbitos judiciales de todo el país. Respecto en particular de la denuncia contra el fiscal Ficoseco, los Consejos que reúnen a fiscales y procuradores de la Argentina denunciaron que en la provincia de Jujuy no se respeta la división de poderes, señalando como responsable al gobernador Gerardo Morales y apuntando también contra el titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello. Sobre este último, evalúan su expulsión del cuerpo, la que será tratada en la próxima asamblea ordinaria.
‘Caradura’
Desde el inicio de este proceso, el gobernador Morales se puso al frente de las acusaciones. «Ficoseco fue cómplice de todo lo que pasó con la Tupac», dijo en varias oportunidades, y se ofreció como testigo en el trámite del pedido de juicio político, lo que finalmente no sucedió.
Sobre los miembros del Tribunal de Cuentas, los relacionó también con la denominada Megacausa y los calificó como «los grandes responsables» de los supuestos manejos irregulares de fondos nacionales para la construcción de viviendas, y llegó a sentenciar: «Hay que ser muy caradura para no renunciar».
En esa misma línea, y cuando todavía estaba en marcha el trámite, Morales adelantó la posibilidad de que «mi fiscalía», tal como nombró al MPA, impulsara una denuncia penal contra los acusados.
