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La agrupación H.I.J.O.S. (Hijas e hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) de Jujuy, y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se presentaron esta mañana en el Juzgado Federal 2, a cargo de Fernando Poviña, como querellantes en la causa que investiga la desaparición forzada de seis personas durante la represión ilegal, todas ellas trabajadores del Estado provincial.
Los abogados patrocinantes de H.I.J.O.S. Jujuy son María Andrea Lupiañez y Alfredo Zabrulin, mientras que los representantes por el lado de ATE son Natalia Fascio y Juan Carlos Capurro.
Las víctimas son los docentes Carmen Vilte de Loker y César Hugo Loker; el obrero de la construcción René H. Cruz; el maestro mayor de obras Paulino Galeán; el empleado de cultura Carlos Lettier, y el odontólogo Reynaldo Aragón.
Eva Arroyo, referente de H.I.J.O.S., evocó la célebre frase de Eva Perón, “detrás de cada necesidad hay un derecho”, en relación al prolongado conflicto en el sector de la administración pública ante la falta de respuesta al reclamo de recomposición salarial.
“Le recuerdo al señor gobernador que los sindicatos históricamente fueron peronistas”, dijo, y relacionó la lucha de los trabajadores estatales de hoy con los hechos del pasado: “Todos los compañeros por los que pedimos justicia tuvieron en los años setenta un compromiso real, en el mismo peronismo”, recordó, y volvió a apelar al gobernador: “Si él se llama peronista, no tiene que olvidarse de eso”.
Por el lado de ATE, estuvo presente el secretario general, Fernando Acosta, quien también vinculó el presente con aquellos años: “Nosotros somos la continuidad de la lucha; mantenemos la lucha por una vida digna y más justa, pero además es importante reivindicar la memoria de los compañeros, y eso es lo que estamos haciendo aquí”.
Además de integrantes de las dos organizaciones que se presentan como querellantes, estuvo presente en el juzgado la legisladora provincial Milagro Sala (FUO). “Más que como diputada vengo como militante, porque los homicidas y los que torturaron deben ir presos”, señaló.
La dirigente social recordó además que “algunos métodos siguen existiendo”, y puso como ejemplo el ex detenido y militante de derechos humanos Hugo Condorí, quien debió mudarse de Libertador Gral. San Martín a San Salvador “por las persecuciones de las que era víctima”.
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