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Por Gastón Remy*. La resolución 560/2025 que lleva la firma del ministro Luis Caputo ordena el pago del programa de propiedad participada (PPP) a trabajadores vinculados a la empresa Altos Hornos Zapla al momento de su privatización autorizada por Ley Nº23.809 de 1990.
Días atrás el senador libertario, Ezequiel Atauche, hizo el anuncio del pago del PPP sin explicarle a los ex trabajadores y sus familias qué suma de dinero van a cobrar. Ni siquiera dio un valor aproximado.
La ausencia de esta información elemental reside en que si el Senador o alguien del gobierno de Milei tiene que explicar el pago del PPP terminaría blanqueando la estafa que firmó el ministro Caputo. ¿En qué consiste este nuevo fraude?
Resulta que el pago del PPP se regula según la Ley 26.700 que fijó un valor de la acción de la empresa en 17,63 pesos a valores de julio de 2010. O sea, esto quiere decir que hoy pretenden liquidar el pago a los ex trabajadores con un valor de la acción sin actualización alguna por inflación e intereses punitorios pese a que pasaron casi 15 años.
Acaso el senador Atauche, ¿considera que la Ley 26.700 es correcta o tal vez en la urgencia de hacer un anuncio electoral no llegó a leerla? De lo que sí podemos estar seguros es que él, en su calidad de empresario, difícilmente aceptaría el cobro de una acción o una deuda de 2010 sin aplicarle algún tipo de actualización del valor.
Bajo estaá ley es entonces que se fijan montos de resarcimiento por cada ex trabajador que rondan entre 15.000 y 19.000 pesos, tal como se puede ver en el listado del personal beneficiario del PPP (Anexo 1). Esta información el senador evitó darla a conocer durante la reunión (acto electoral) en Palpalá cuando hizo el anuncio. Tal vez tampoco leyó los anexos o, lo más probable, con el silencio se aseguró evitar salir corriendo del lugar.
Las estafas no se pagan, dice el refrán. En este caso no deberían convalidarse, tampoco aceptar como pretende el gobierno que los ex trabajadores en caso de recibir el pago sea a cambio de renunciar a todo reclamo posterior.
En este sentido el bloque de diputados del PTS-FITU prepara un proyecto legislativo en el Congreso y en la Legislatura de Jujuy para rechazar la resolución del ministro Caputo y exigir una compensación acorde al valor contable de la empresa, que contemple la inflación acumulada y los intereses punitorios correspondientes.
A la vez, que para la izquierda considerando los distintos fraudes cometidos durante y desde la privatización de Atos Hornos Zapla, “la empresa debería pasar a manos de los trabajadores, única vía de reactivar la producción a escala, ofrecer hierro y acero de calidad para un plan de obras pública bajo control de trabajadores, cuestión de generar también empleo genuino que es lo que se necesita en Jujuy y todo el país”, aseguró Julio Mamaní, trabajador de Aceros Zapla y actual concejal por el PTS-FITU en Palpalá.
* Economista, Diputado provincial del FIT-U
