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El magistrado que dispuso ayer la detención del exsecretario de Obras Públicas en el marco de una causa por presunto «enriquecimiento ilícito» que tramita desde hace ocho años, le tomará declaración indagatoria al imputado mañana y le pidió al juzgado de Garantías 2 de la localidad bonaerense de Moreno que se inhiba de seguir interviniendo.
En tanto, la inhibición dictada sobre los bienes del exfuncionario alcanza también a su esposa, Amalia Díaz; y a su suegra Lucila Amalia Corvalán de Díaz. La disposición implicó enviar oficios a registros de la propiedad automotor e inmueble de distintos puntos del país.
Con esta medida, Rafecas hizo lugar al pedido del fiscal federal Federico Delgado, quien esta mañana solicitó el embargo preventivo de todos los bienes del detenido José López, actual diputado del Parlasur.
El juez dispuso también el secreto de sumario, luego de que trascendiera el intento del exfuncionario José López de ocultar casi 9 millones de dólares, otras monedas y joyas, en un monasterio de clausura bonaerense.
En Moreno tramita la causa que inicialmente apunta a los delitos de tenencia irregular de un arma de fuego y presunto encubrimiento del dinero, pero Rafecas considera que ese dinero es el elemento central para construir la acusación en la causa que tramita en su juzgado, por el delito de «enriquecimiento ilícito».
Ese delito es el único en el que legalmente «se invierte la carga de la prueba», es decir no es la justicia la que debe probar el origen ilegal de lo secuestrado en la víspera, sino que López deberá demostrar la legalidad y origen de esos fondos. Caso contrario, quedará constituido el principal elemento de cargo para la imputación por «enriquecimiento ilícito».
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