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Las investigaciones judiciales sobre delitos de lesa humanidad siguen aportando nuevas piezas al enorme rompecabezas que implica reconstruir lo que fue el terrorismo de Estado. A más de 40 años de los hechos y pese al silencio de los perpetradores, el juez federal Daniel Rafecas, que instruye la megacausa Primer Cuerpo de Ejército, consideró probado por primera vez que en la VIII Brigada Aérea de Moreno funcionó un centro clandestino de detención y torturas durante la última dictadura.
El magistrado que el presidente Alberto Fernández propuso para encabezar la Procuración General de la Nación procesó en distintos tramos de la investigación a seis oficiales retirados de la Fuerza Aérea y a otros cuatro del Ejército, incluido el ex médico militar y apropiador Norberto Atilio Bianco, responsable de la maternidad clandestina de Campo de Mayo, a quien responsabilizó por el secuestro y las torturas a una mujer embarazada a la que habría obligado a abortar.
Los partidos de Merlo, Moreno y Morón, en el oeste bonaerense, integraron en el organigrama militar la llamada “Subzona 16”, que tuvo a la «Mansión Seré» como epicentro de la represión clandestina. Por los delitos en esa zona ya fueron condenados 18 represores, a quienes se suman ahora seis procesados y detenidos, todos ex miembros de la Fuerza Aérea. Los entonces vicecomodoro Alejandro Noel Lazo, teniente primero Juan Carlos Herrera y cabo primero José Juan Zyska fueron imputados por su actuación en Mansión Seré y en la Brigada Aérea de Palomar, el aeropuerto donde Rodolfo Walsh situó en 1977 los vuelos de la muerte y que el macrismo puso a disposición de líneas aéreas baratas.
El ex capitán Ernesto Rafael Lynch fue procesado por crímenes en la VIII Brigada Aérea de Moreno, que hasta el momento no tenía visibilidad concreta como centro de detención. Bajo el mando del capitán Lynch actuaron las llamadas “Tres Marías”, tres camionetas que usaban para patrullar las calles y cargar a los secuestrados. De esa unidad militar dependían la comisaría de Moreno, el destacamento de Paso del Rey y la subcomisaría de Francisco Alvarez, detalla la resolución de más de 1500 páginas, que desmenuza los cautiverios de 127 víctimas en al menos tres brigadas aéreas (Palomar, Morón y Moreno) y seis comisarías. Los otros dos procesados son el entonces cabo primer Julio César Leston y el ex personal civil de inteligencia (PCI) Arturo Rafael Giménez, ambos de la Regional de Inteligencia “Buenos Aires” (RIBA) de la Fuerza Aérea, a quienes responsabilizó por la privación ilegal de la libertad y los tormentos a secuestrados en la comisaría de Castelar, uno de los más cruentos centros de tortura.
Los oficiales retirados del Ejército fueron procesados con prisión preventiva por crímenes en la comisaría Ramos Mejía (Matanza segunda), donde se probó el cautiverio y la tortura de al menos nueve víctimas. Rodolfo Enrique Godoy era segundo jefe de la plana mayor de Grupo de Artillería 1 de Ciudadela, del que dependía la comisaría. Roberto Obdulio Godoy era oficial de operaciones. Francisco Rodolfo Novotny era auxiliar de operaciones y fue reconocido por las víctimas como cara visible de esa unidad militar en la comisaría de Ramos Mejía.
El último procesado es el médico Bianco, apropiador y repartidor de bebés de Campo de Mayo, quien ya acumula dos condenas, dos fugas del país y dos extradiciones. Rafecas lo procesó ahora por su actuación en el circuito represivo que dependía del Grupo de Artillería de Ciudadela que comandaba el fallecido coronel Antonino Fichera, mientras investiga su paso por el centro clandestino Sheraton. El juez procesó a Bianco por su intervención en el secuestro y las torturas a una mujer embarazada a quien habría obligado a recibir una inyección abortiva.
Página/12
