Rechazan el archivo de la causa penal “Sonrisa Gómez”

Por la Mesa Coordinadora contra la Violencia Institucional de Jujuy. Ciudadanos, ciudadanas y organismos que integran la Mesa CoordinadoraContra la Violencia Institucional de Jujuy expresan su rechazo frente al archivo del caso “Sonrisa” Gómez dispuesto, durante la semana pasada, por el Fiscal Penal, José Alfredo Blanco del Centro Judicial de San Pedro.

El caso Sonrisa Gómez constituye uno de los casos más emblemáticos de violencia institucional de los últimos años en la provincia. Las acciones de retraso, ineficiencia y denegación de Justicia, ejecutadas sistemáticamente por el fiscal Blanco, evidencia la falta de voluntad en investigar hechos donde se encuentran involucrados efectivos policiales de esa localidad tristemente conocida por la presencia de torturas, apremios y complicidad con el narcotráfico.

Desde un principio, cuando a los tres meses de la muerte de Sonrisa en junio del 2012, la fiscalía Nº 9 de San Pedro, en ese momento estaba a cargo el Dr. Cattan, ordenó el archivo de las actuaciones sin efectuar ninguna valoración de pruebas ni formular hipótesis sobre los hechos. Esto a pesar de las evidentes inconsistencias e irregularidades alrededor del hallazgo del cuerpo y las denuncias previas que el padre de Sonrisa quiso realizar sobre torturas, persecuciones y hostigamiento del personal de la Brigada de Investigaciones, por negarse Sonrisa a ser “mula” de ellos. Denuncias  que nadie quiso tomar en las oficinas públicas a las que acudió. 

Han intervenido en el pedido de investigación y de avances efectivos en la causa, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia dando comienzo a una segunda causa por torturas, la Secretaría de Derechos Humanos dela Nación, esta Mesa Coordinadora y el Centro de Estudios Legales y Sociales de prestigio internacional a través de un Amicus Curiae. A pesar de los aportes que se han realizado desde estos espacios, se ha negado sistemáticamente al padre de Sonrisa, poder ser parte del proceso, realizar interrogantes y solicitar pruebas que  hagan al esclarecimiento de la investigación.

A casi tres años de la muerte de Juan Martín, el hecho no ha sido esclarecido; tampoco fue resuelta la investigación sobre los hechos de tortura; son mínimas y sesgadas las medidas probatorias impulsadas por el fiscal, conducentes a esclarecer lo ocurrido.

Se rechazaron las presentaciones de las querellas aduciendo falta de inicio de la acción penal. No se llamó a testificar en sede judicial a quienes lo encontraron sin vida. Se rechazó el pedido de medidas de prueba obvias como el requerimiento de los legajos personales, planillas prontuariales y antecedentes policiales y judiciales de los oficiales que lo amenazaban y torturaron, del personal policial de turno los días 3 y 4 de noviembre, del ingreso de detenidos en esa fecha, del oficio al Hospital de La Esperanza, la remisión de expedientes vinculados la causa, etc….

Frente a esto el fiscal Blanco no se expidió. Sumado esto remitió las actuaciones al perito que analizó el cuerpo de Sonrisa, manteniéndolas cuatro meses, período injustificado, demostrado el desinterés de la fiscalía en otorgar celeridad a las diligencias. Más grave aún cuando el fiscal por fin notó que existen aspectos de la pericia que considera incompletos o pocos claros, sin dar fundamentos de esta “advertencia”.

No dudamos que existen elementos que permiten continuar una línea de investigación, a pesar de lo cual José Alfredo Blanco dispone sin más su archivo. Este fiscal, que como es de público conocimiento,  fue nombrado sin antecedente alguno que acredite idoneidad para el cargo,  evidencia una falta total de voluntad en averiguar la verdad de lo ocurrido, incumpliendo abiertamente con las obligaciones que corresponden a su función.

Esta Mesa Coordinadora, integrada por organismos que fundan su lucha en la vigencia de los Derechos Humanos, continuará denunciando y trabajando para que los valores de la Justicia y la Verdad puedan ser una realidad en nuestra provincia. Condenamos la tortura, el crimen y el encubrimiento por parte de actores del poder Judicial para avanzar en el esclarecimiento, el juicio y la condena a los culpables de la muerte de Sonrisa Gómez.