Reforma para la desigualdad

Por Corriente de Opinión Nacional (CON) la Democracia Social. En un contexto político social en el que la mayoría de la ciudadanía concibe el ejercicio de la política como método que genera beneficios para las minorías y cada vez es más numerosa la cantidad de ciudadanos que se sumergen en la pobreza.

Las instituciones, los partidos, lejos de custodiar o defendernos de los abusos de poder, sirven para profundizar la grieta en la que cada vez es más notoria y brutal la diferencia entre las minorías privilegiadas y el bien común.

La mayor virtud de un partido o sector político, es sin lugar a dudas interpretar, escuchar y entender la demanda social, en ese sentido nada más a contramano de los intereses de la sociedad que plantear una Reforma de la Constitución como panacea o remedio de las desigualdades que la misma gestión genera.

La Constitución, determina o define nuestra organización política y el funcionamiento de los poderes del Estado, cualquier reforma debe ser la consecuencia o el fruto del consenso, el debate y la discusión de todos los actores políticos y sociales involucrados en el funcionamiento institucional de la provincia de Jujuy.

Lo contrario como ocurre con esta iniciativa, significa que una mayoría circunstancial se auto erige en depositaria de los intereses de toda la sociedad, actitud que exhibe con crudeza el desprecio por lo plural, lo diverso y la soberbia de pretender Imponer una norma que requiere un proceso de discusión y debate democrático que alumbre los intereses y el pensamiento de todos los sectores involucrados en este proceso.

De la lectura del proyecto surge con claridad, la intencionalidad de fortalecer la fuerte actitud de concebir a Estado como elemento disciplinador del pensamiento y de la demanda social.

La violencia es hija directa de la desigualdad, la imposición, la falta de dialogo y la intolerancia, por ello pretender que en nuestra Carta Magna exista un artículo que prohíba el ejercicio de una expresión de des conformismo social, es a todas luces una actitud negadora y autoritaria que no garantiza la existencia de la pluralidad como elemento constitutivo del verdadero y necesario debate que hace a la superación de las contradicciones legitimas que motorizan nuestra vida política.

Si el verdadero objetivo es defender el bien común sería bueno que también se prohíban los tarifazos que lesionan, modifican y determinan la vida de miles de familias jujeñas, y también prohibir que funcionarios del gobierno se conviertan en los nuevos terratenientes vitivinícolas de la Quebrada.

Este nuevo hecho saca de la agenda de la gente la posibilidad de la discusión acerca de las postergaciones que deberían ser abordadas y resueltas por el Estado, con el agravante que instala la posibilidad del engaño y la mentira con respecto a la modificación del mandato del Gobernador. Si este modelo de gestión que degrada la política y la aleja de la gente, pretende ser replicado a nivel nacional significaría una mancha más para la política y la democracia.

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