Almeyda

Repudian a La Nación por llamar «lucha contra la subversión» a la dictadura

AlmeydaUna nota publicada en el diario La Nación, en la que se define a la dictadura cívico militar que asoló al país entre 1976 y 1983 como una «lucha contra la subversión», fue repudiada por familiares de víctimas del terrorismo de Estado.

 Taty Almeida, integrante de la Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo, rechazó los términos utilizados por La Nación, y dijo que «una vez más La Nación forma parte de aquellos que no quieren entender que lo que ocurrió en el país fue un genocidio».

 «Los subversivos fueron los que revirtieron el orden constitucional y dieron el golpe cívico, militar y clerical», afirmó Almeida en diálogo con Télam.

 En una columna publicada ayer con título «Milani conformó la cúpula militar más numerosa desde 1983», el matutino hizo un repaso por las primeras decisiones del jefe del Ejército, César Milani, y se refirió también a la gestión de la ex ministra de Defensa, Nilda Garré, remarcando que ese tramo se caracterizó por el pase a retiro de oficiales que «habían intervenido en la lucha contra la subversión».

 Para la nieta restituida Victoria Montenegro la nota «pone de relieve el papel histórico que tuvieron los medios de comunicación en el país» y rechazó que haya existido «una lucha contra la subversión».

 «Lo que hubo fue un Estado terrorista y genocida que mató a su propio pueblo», señaló Montenegro en diálogo con Télam al interpretar que el diario La Nación «informa con intencionalidad para ocultar cómo construyeron su imperio».

 «Tenemos que hacernos cargo de nuestra historia y llamar a las cosas por su nombre. Gracias a Néstor Kirchner desde 2003 se acabó la impunidad y deberán rendir cuentas ante la justicia los responsables civiles como La Nación por su participación en la dictadura», aseguró la nieta restituída.

 La vinculación del diario de Bartolomé Mitre con la dictadura es investigada por el juez Julián Ercolini, lo mismo que los propietarios del diario Clarín y La Razón en la causa en la que asociados con el gobierno de facto compraron Papel Prensa en 1978.

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