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Tras estar prófuga por más de 40 días, Elsa Condorí se entregó ayer a la Justicia. Está imputada por el delito de fraude a la administración pública en la causa “Pibes Villeros”, que investiga el manejo de fondos destinados a la construcción de viviendas por parte de cooperativas. El fiscal Aldo Lozano tiene que resolver un pedido de eximición de prisión que presentó su abogado.
La mujer, de 34 años, está acusada por el Ministerio Público de la Acusación de haber estafado al erario público al recibir a través del Ministerio de Planificación fondos para la construcción de viviendas sociales a cargo de cooperativas que conformaban a la Red de Organizaciones Sociales.
Tras presentarse ante la justicia, Condorí quedó detenida junto a sus hermanas menores, María Sandra Condorí, de 30 años, y Adriana Noemí Condorí, de 26, involucradas en la misma causa.
Por el mismo expediente también permanecen detenidos Milagro Sala, quien cumple en el penal de Alto Comedero 353 días de arresto; Javier Nieva, alojado en la cárcel de Gorriti; Mabel Balconte y Marta Sagardía, estas dos últimas legisladoras provincial y comunal, respectivamente, que buscan impedir su desafuero para no ser detenidas.
Todos estos están imputados del delito de «asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión».
En la causa también están involucrados Raúl Noro, Lucio Abregú, Pablo Tolosa, Miguel Angel Sivila, Patricia Cabana, Iván Altamirano, el ex gobernador Eduardo Fellner y el ex ministro Luis Cosentini. Fueron sobreseídos Marta Gutiérrez, Karina Argañaraz y Norma Aguirre.
Las hermanas Condorí supuestamente cobraban cheques por 50 mil pesos cada uno, dinero que, según afirman las mujeres, era entregado a Graciela López y a Mabel Balconte.
Apenas se entregó Condorí, su abogado, Fernando Bóveda, presentó un escrito en la fiscalía de Aldo Lozano donde solicita la eximición de prisión o la prisión domiciliaria, argumentando que la mujer es madre de un niño con discapacidad que necesita de sus cuidados.
Cabe recordar que antes de navidad, el fiscal de Investigación Penal Nº 1 Diego Cussel solicitó la elevación a juicio de la causa unificada conocida como «Pibes Villeros».
La causa cuenta con 98 expedientes, alrededor de 17 mil fojas; y reúne tres causas originales en las que 31 personas son investigadas. Se tomaron alrededor de cien declaraciones testimoniales y hubo cerca de 30 incidentes de nulidad planteados por la defensa.
En total, se investiga la supuesta malversación de 29 millones de pesos, aunque desde la organización Tupac Amaru aseguran que el destino de esos fondos ya fue justificado en la justicia penal: fueron utilizados para pagar los salarios de octubre y noviembre de 2015 a los cooperativistas.
