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Luego de la postergación de las audiencias de la semana pasada, este jueves se reanudan las audiencias por el segundo juicio por los crímenes de lesa humanidad que se lleva a cabo en Jujuy. Declararán tres exmiembros del servicio penitenciario local.
La suspensión se debió a motivos personales de uno de los abogados defensores de los represores. Carlos Rodríguez Vega, defensor de dos de los ex guardicárceles acusados, los hermanos Carlos y Orlando Ricardo Ortiz, debió viajar a Buenos Aires por problemas personales.
Además de los Ortiz, los otros procesados son el ex interventor de la cárcel jujeña, Antonio Orlando Vargas; el ex suboficial del Ejército César Darío Díaz, y los ex penitenciarios Herminio Zárate y Mario Marcelo Gutiérrez.
En las audiencia suspendidas, debían dar testimonio seis ex carceleros (tres por jornada), ofrecidos por las defensas de los represores.
En este juicio se está develando qué sucedió con el secuestro y asesinato de Dominga Álvarez de Scurta, y las desapariciones de Osvaldo José Giribaldi, María Alicia del Valle Ranzoni, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera, Jaime Lara Torrez y Jorge Turk Llapur.
Las víctimas fueron secuestradas a fines de mayo de 1976 y alojadas en el centro clandestino de detención más grande de la provincia, la cárcel provincial, ubicada en el barrio Gorriti de esta capital.
Fueron sacadas el 10 de junio de ese mismo año, y entregadas al comisario represor Ernesto Jaig y al suboficial César Darío Díaz, hecho que fue registrado en el libro interno del penal, y en testimonios de algunos testigos.
La presidente del Tribunal Oral Federal, Fátima Ruiz López, informó a los fiscales, querellantes y defensores, que el cuerpo recibió “pruebas ambientales y de antecedentes” de los procesados, Carlos Alberto Ortiz y César Darío Díaz.
Hace dos semanas el Tribunal hizo lugar a un pedido de los fiscales Francisco Snopek y el ad hoc, Pablo Pelazzo, de ampliación de los delitos. Vargas quedó imputado entonces por homicidio doblemente calificado y el resto de los represores como partícipes necesarios del mismo hecho, además de los delitos de privación ilegal de la libertad y torturas, como partícipes necesarios, entre otros cargos.
