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Finalizada la feria judicial, esta semana se retoman las audiencias en juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura. Serán las primeras del año en lo que respecta a los 14 procesos que están en desarrollo en los que se juzgan crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado.
De los 14 juicios procesos orales que están en marcha, cuatro se encuentran en etapa de alegatos: «Apropiación de Victoria Donda»,»Brigadas», «Puente 12- Cuatrerismo-Tramo IV» y «Caso Orué»; y diez en fase de testimoniales: «La Huerta», «Quinto Cuerpo Del Ejército – Ayala», «Superintendencia III», «Jefatura III», «1y 60-Comisaría 8va.», «Esma V-Guarrochena», «Departamento de Informaciones D-2», «Esma VI-Ferrari (residual)», «Escuelita VIII-funcionarios judiciales» y «Acindar-Villazo».
Bahía Blanca
El jueves 2 a la mañana habrá audiencia en Bahía Blanca, en el juicio que repasa la responsabilidad de una treintena de acusados por crímenes cometidos en la Zona V del Ejército.
Es el mayor juicio por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura realizado hasta el momento en Bahía Blanca. Se juzgan privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios y delitos contra la integridad sexual cometidos en el V Cuerpo de Ejército, que tuvo su sede en Bahía Blanca y jurisdicción sobre toda la Patagonia.
Los procesados son ex miembros del Ejército, en su mayoría oficiales de la jefatura del V Cuerpo del Ejército y del Batallón de Comunicaciones 181; exintegrantes de fuerzas de seguridad, y agentes penitenciarios. Dos de ellos fueron profesionales de la salud del Ejército, Luis Fortunato Adalberti y Adalberto Osvaldo Bonini, señalados de realizar la atención médica de las víctimas del centro clandestino de detención y tortura “La Escuelita”.
Los imputados son 36, acusados de crímenes cometidos hacia 334 víctimas. Se espera que declaren cerca de 230 testigos.
El Tribunal está integrado por Ernesto Sebastián, Sebastián Foglia y Marcos Aguerrido; el fiscal que actúa es Miguel Palazzani con los auxiliares fiscales José Nebbia y Pablo Fermento. Las querellas son la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense e H.I.J.O.S. Bahía Blanca.
‘Villazo’
En tanto, el viernes 2 retomará el juicio de lesa humanidad por el “Villazo”, que revisa los crímenes contra trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución.
La audiencia es especialmente importante porque se leerá la acusación contra Antonio Bossie, exjefe de inteligencia y personal del Área Militar 132, con sede en San Nicolás, que intentó no llegar a juicio a partir de un dictamen de incapacidad en otra causa. A fin de 2023, un nuevo examen arrojó que tiene capacidad para comprender de qué se lo acusa.
Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) creen que los testimonios de víctimas, sobrevivientes y familiares se extenderán durante todo el año.
En el debate se juzga a una veintena de imputados y se ventilan 69 hechos de homicidio, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos agravados y asociación ilícita, cometidos contra 67 víctimas en el marco de la represión desatada a partir del 20 de marzo de 1975 en esa zona industrial, como respuesta a la histórica protesta conocida como «El Villazo».
Si bien las audiencias testimoniales se están desarrollando en Villa Constitución, donde ocurrieron los hechos, este viernes la cita será en Rosario, en Oroño 940, que es la sala en la que comenzó el juicio en noviembre pasado. En tanto, el 5 de febrero se dará continuidad a las audiencias testimoniales en Villa Constitución.
«Desde que comenzó el debate se escucharon los testimonios sobre todo de quienes protagonizaron el Villazo y sufrieron luego, en carne propia, la represión de un año después, tras haber tenido el coraje de salir a luchar por sus derechos», resumió la abogada querellante de APDH, Julia Giordano.
El tribunal està integrado por Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Paulucci. El fiscal es Adolfo Villatte y la APDH querella sobre uno de los imputados.
Se trata de una causa en la que por primera vez se juzga a civiles (Roberto Pellegrini, exjefe de personal de Acindar y Ricardo Torralvo, era personal jerárquico de la empresa) que pertenecían a la empresa Acindar en la región por crímenes del terrorismo de estado, previos al 24 de marzo de 1976.
Neuquén
El jueves y el viernes en Neuquén continuarán las testimoniales en el juicio «Escuelita VIII-funcionarios judiciales», en el que por primera vez se juzga la complicidad judicial con la dictadura en la provincia, ya que tiene como acusados a Pedro Laurentino Duarte, quien se desempeñó como juez a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de esa provincia, y a Víctor Marcelo Ortiz, procurador fiscal federal.
El tribunal está integrado por los jueces María Paula Marisi, Alejandro Silva y Sebastián Foglia.
Duarte se desempeñó como juez a cargo del Juzgado Federal de primera instancia de Neuquén entre el 2 de agosto de 1976 y el 30 de septiembre de 1984, mientras Ortiz ejerció como procurador fiscal federal ante ese órgano judicial entre el 23 de septiembre de 1976 y el 1 de abril de 1985.
Antes de ejercer esas funciones, Duarte fue auditor de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén y Ortiz fue secretario del juzgado federal.
Los exfuncionarios llegaron a juicio acusados en carácter de autores del delito de omisión, de promover la persecución penal y de partícipes secundarios de la privación ilegal de la libertad, cometida por funcionario público, agravada por el empleo de violencia, y por ser la víctima perseguido político.
Duarte también llegó como imputado del delito de prevaricato, una figura especial que reprime al juez que dictare resoluciones contrarias a la ley o fundadas en hechos falsos.
En el escrito de elevación a juicio, se precisó la colaboración expresa que tanto Duarte como Ortiz prestaron en distintos casos que involucraron a desaparecidos y víctimas de la última dictadura.
