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Tras conseguir un ajustado quórum, la oposición buscará hoy convertir en ley el nuevo régimen de decretos de necesidad y urgencia, que apunta a poner en jaque la capacidad del presidente de gobernar a través de esa vía discrecional.
Si bien el temario es amplio e incluye interpelaciones y pedidos de informes verbales a altos funcionarios del Poder Ejecutivo, el asunto que más desvela a la Casa Rosada es la reforma de la ley 26.122 que regula los DNU, y que de promulgarse le permitirá a la oposición voltear los decretos con el rechazo de una sola cámara.
La normativa vigente sobre DNUs fue diseñada en su momento por la entonces senadora Cristina Kirchner para apuntalar la lógica de hiper presidencialismo en beneficio del entonces presidente Néstor Kirchner, lo cual hizo que fuera casi imposible para las oposiciones de turno la derogación de decretos del Poder Ejecutivo.
Con la modificación propuesta, los DNU tendrán una vigencia de apenas tres meses desde su publicación en el Boletín Oficial, y el oficialismo tendrá ese plazo para conseguir su convalidación en los plenos de ambas cámaras de modo tal que los efectos jurídicos de esos decretos queden en pie una vez transcurrido ese período.
A la inversa, la oposición ya no necesitará mayorías en ambas cámaras para derribar los decretos y le bastará con rechazarla en una sola para derogarlos.
En caso de que los decretos sean derogados, el Poder Ejecutivo no podrá disponer un decreto que verse sobra la misma materia hasta el siguiente año parlamentario.
Además, con la reforma planteada -que viene con media sanción del Senado- quedaría prohibido que un mismo decreto verse sobre más de una materia, algo que sucedió, por ejemplo, con el polémico y resistido mega DNU 70/2023.
El presidente del bloque de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, aseguró que el proyecto para regular los DNUs “no es iniciativa contra el Presidente Javier Milei” sino que permitirá tener “una democracia de consenso”.
Por su parte, el diputado de La Libertad Avanza Nicolás Mayoraz se expresó en contra de la reforma opositora y atribuyó la iniciativa a una maniobra para “desestabilizar al Gobierno” y “generar la mayor inseguridad jurídica que puedan”.
Espert pidió licencia como diputado
Envuelto en un escándalo por sus vínculos con un empresario acusado por narcotráfico, y tras haber renunciado a la presidencia de la comisión de Presupuesto de la Cámara baja, el legislador libertario presentó un pedido de licencia, con goce de sueldo
El pedido de licencia ingresó en plena sesión, mientras diputados de la oposición impulsan directamente su expulsión.
Para que la licencia quede firme, el pleno se la tiene que aceptar en una próxima sesión ordinaria, un formato de sesión que hace mucho se dejó de utilizar.
La licencia del economista libertario se produce en el marco de la imputación por los vínculos con el empresario acusado de narcotráfico Federico ‘Fred’ Machado, escándalo por el cual renunció a la candidatura a diputado nacional de cara a las próximas elecciones legislativas nacionales y también a su cargo como titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
En la solicitud presentada ante el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, el legislador manifestó que el cese de actividades será “por motivos particulares”.
Ayer al mediodía, se conoció que el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, inició una investigación contra Espert, por presunto lavado de dinero y con los 200.000 dólares que Espert cobró, en el año 2020, por parte del empresario acusado por narcotráfico Federico ‘Fred’ Machado, y que, ahora, Estados Unidos le reclama a la Argentina su extradición para que sea juzgado por lavado de dinero, estafas y narcotráfico.
La denuncia presentada contra el diputado libertario afirma que recibió en su cuenta “al menos la suma de 200.000 dólares de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico, y que se encuentra siendo juzgada en el fuero criminal del Distrito Judicial Este de Texas, Estados Unidos”.
