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Los abogados del Ce.Pro.D.H., Mauro Tabak y Maia Hirsch, en representación de Gastón Remy, apoderado del PTS-FIT, Gabriela Ramírez,en representación de Iñaki Aldasoro apoderado del PO-FIT y Evangelina Sanabria en representación de ATE, realizaron una presentación en la justicia penal solicitando la anulación del juicio contravencional que comenzó la semana pasada contra dirigentes y militantes de organizaciones sindicales, sociales y políticas.
Durante esta mañana, presentaron un recurso en la justicia contra las graves violaciones de derechos democráticos, humanos y políticos que implica la causa armada por el gobierno de la provincia a través de su Juzgado Contravencional. Dicho recurso recayó en el Juzgado de Control Penal N° 2, a cargo de Jorge Zurueta
A una semana de iniciadas las audiencias del juicio contravencional contra las organizaciones sindicales, sociales y políticas por haber sido parte de la movilización provincial en la inauguración de sesiones legislativas en el 2018.
Tabak sostuvo que «hoy presentamos un Recurso de Queja en contra de la resolución que rechazó las impugnaciones y oposición a elevación a juicio por tratarse de un caso de arbitrariedad manifiesta. Desde el inicio del presente proceso surge la parcialidad del Juzgado Contravencional y por eso venimos a solicitar que se declare la nulidad de todo lo actuado en la causa por resultar un procedimiento inconstitucional, arbitrario y contar con groseras violaciones a garantías constitucionales».
En tanto, Hirsch remarcó que «el presente Código Contravencional otorga a la Policía Provincial facultades extraordinarias, siendo que es la misma fuerza la que realiza la denuncia, impulsa la causa, actúa como fiscal y determina la elevación a juicio de los presuntos infractores”.
“Así también es claramente inconstitucional que se traslade la potestad de juzgar a un funcionario elegido directamente por el Poder Ejecutivo Provincial. Toda la prueba citada por el Departamento Contravencional es nula ya que ha sido aportada por personal policial de manera ilegal, con el único objeto de realizar espionaje ilegal contra las organizaciones que protestaron el día 4 de abril de 2018».
