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Sostener las banderas y consignas de las víctimas de La Noche del Apagón 

Por Paula Álvarez Carreras*. Entre las reflexiones que nos merecen los hechos ocurridos durante los apagones en Libertador Gral. San Martín en julio de 1976, merece una especial hoy acerca de las decisiones de algunos jueces que integran altos tribunales del país.

No desconocemos que se trata de personas diversas ejerciendo funciones en la gran estructura judicial. Muchas de ellas, con méritos acreditados para ocupar sus cargos. En este punto podríamos aspirar a que sus decisiones cumplan con las altas exigencias que justifican muchos de los privilegios de los que no gozamos otres habitantes del país.

Sabemos que la integración del Poder Judicial se encuentra por fuera de la decisión popular. Pero como somos destinatarios de sus decisiones, al pueblo quizás le gustaría que el mandato constitucional de independencia que les fue impuesta a les jueces, sea real y efectiva. Y se cumpla.

La historia nos ha demostrado que no siempre es así. Por el contrario, algunos de esos altos jueces cumplen sus funciones sin apartarse de los intereses que los identifican y que muchas veces incluso evidencian proteger.

No puede arribarse a otra la conclusión respecto a lo decidido en 2015 por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal que benefició a Pedro Blaquier y Alberto Lemos con una falta de mérito que impidió que fueran juzgados en el actual juicio en el que están procesados integrantes de las fuerzas de seguridad que participaron de aquellos secuestros durante los apagones. Pasaron 6 años para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo reconozca y 8 años desde que fueron procesados. Esto último era suficiente para que fueran llevados a juicio.

Hoy, al conocerse que la Corte anuló esa falta de mérito el 8 de julio pasado, parece abrirse una nueva esperanza para los sobrevivientes y familiares de desaparecides que esperan justicia.

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Bien vale entonces pensar la coyuntura actual con perspectiva sobre lo sucedido hace 45 años. Esto nos obliga permanentemente a revisar las prácticas utilizadas desde el poder económico y político para acallar a sectores organizados que sólo reclaman mejores condiciones de vida. Sabemos que es fue la razón por la que fueron perseguidos durante la dictadura cívico militar. Entonces, no podemos soslayar lo que ocurre en el presente en nuestra provincia.

Asumido el gobierno por Gerardo Morales, confirmamos su decisión de “apartar” y “eliminar” a los oponentes con incidencia sobre lo colectivo. Ese fue su objetivo.

Desde diciembre de 2015, esto se evidenció crudamente sobre la figura de Milagro Sala. Recordemos la frase poco feliz de un importante dirigente radical mendocino que dijo, al referirse a su detención, que “de otra manera, Morales no hubiera podido gobernar”, naturalizando así la intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Algo que está absolutamente prohibido por la Constitución Nacional, que impone que el Poder Judicial debe ser independiente.

“No vamos a permitir que esa mujer quede libre”, dijo con total desparpajo la entonces titular del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Clara Langhe de Falcone, quien luego tuvo que renunciar a la presidencia del cuerpo por su explícita falta de imparcialidad.

Tan obstaculizadora de la justicia fue la decisión de Casación que benefició a Blaquier y Lemos, como lo está siendo hoy el poder político, refrendado por el Poder Judicial jujeño, para instalar en la provincia la necesidad de “apartar” de la escena política a quienes reclaman derechos de forma organizada.

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La histórica lucha de las madres de Calilegua y Libertador, de les sobrevivientes y sus familiares e hijes, nos han marcado el camino para seguir, después de tantos años, exigiendo justicia. Esa justicia que esperamos sea real y genuina, que no apañe a los poderosos sino que proteja a los vulnerables, devolviéndoles sus derechos, reconociéndoles el derecho a saber la verdad y reestableciendo las desigualdades que los poderes económicos imponen.

Sólo así se verán reflejadas las luchas históricas de compañeres que perdieron su vida por un país mejor, más justo, más equitativo, más inclusivo y solidario. Por eso lucharon. Les debemos no sólo la memoria y recordarlos; sino también sostener sus banderas y sus consignas de vida.

Es tiempo de que la justicia esté a la altura de la historia.

30.000 compañeras y compañeros desaparecidos, PRESENTES.

¡Ahora y siempre!

* Abogada querellante en juicios de lesa humanidad en Jujuy. Directora del Cuerpo de Abogades en procesos de Verdad y Justicia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

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