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Un grupo de diputados del bloque Juntos por Jujuy (JxJ) presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo provincial sobre el accionar policial tras la aprobación de la reforma constitucional que culminaron en represión policial en San Salvador de Jujuy y Humahuaca.
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El proyecto de pedido de informes, autoría de la diputada Mariela Ferreyra y que cuenta con el acompañamiento de los diputados Alejandro Snopek y Emanuel Palmieri, requiere “datos e información” detallada del accionar policial establecido para el 20 de junio en San Salvador de Jujuy y el 1 de julio pasado en la ciudad de Humahuaca.
Los legisladores peronistas coincidieron en la importancia del proyecto para el acceso a la información de la población jujeña y calificaron como “brutal la represión a la que fueron sometidos los ciudadanos jujeños en aquellas oportunidades”, según indica el requerimiento.
“No debe olvidarse que aquel 20 de junio, mientras se aprobaba la reforma de la Constitución provincial, la policía de la provincia reprimió al pueblo jujeño que se encontraba manifestando en las inmediaciones de la Legislatura en muestra de la disconformidad con aquella”, recordó Ferreyra.
En ese contexto, denunció que «el avance represivo fue de tal magnitud que accionaron con disparos, balas de gomas, gases lacrimógenos, allanamientos ilegítimos sin órdenes o autorizaciones y un gran número de detenciones ilegales”.
Por otro lado, destacó el rol de las redes sociales y medios de comunicación por considerar que “constituyeron el medio para acceder a las imágenes y grabaciones que acreditan la manifiesta, grosera y aberrante violación de los derechos humanos de los jujeños”.
Más adelante, Ferreyra hizo referencia a la “idéntica represión que sufrieron manifestantes quebradeños el pasado 1 de julio en cercanías del Consejo Deliberante de Humahuaca”.
Los legisladores peronistas explicaron que el proyecto fue presentado “ante las diversas versiones existentes en relación a cómo sucedieron los hechos, y a la incertidumbre que impera en torno a quien dio la orden de reprimir, la individualización del personal policial interviniente, los daños producidos, los presuntos responsables de los hechos descriptos, y los avances de las investigaciones llevadas adelante”.
“No caben dudas que es este proyecto el único medio legítimo que contamos para requerir aquella información y en cierto modo intervenir en la investigación”, señalaron finalmente los representantes provinciales.
