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Integrantes del Tercer Malón de la Paz, junto a organismos de derechos humanos, se movilizaron este viernes en San Salvador de Jujuy para ratificar su rechazo a la reforma constitucional de la provincia y repudiar al juez federal que rechazó un recurso de hábeas corpus preventivo presentado ante la «violencia institucional del gobierno de Gerardo Morales contra el ejercicio del derecho a protesta». «Es como en la dictadura», afirmó una de las abogadas que acompañan a las comunidades.
Con expresiones de repudio al fallo del juez Esteban Hansen y el planteo de una «justicia racista», la marcha llegó hasta la sede del Juzgado Federal de Jujuy. Luego se dirigió hasta la Legislatura provincial, donde los manifestantes cuestionaron el paquete de 30 leyes que anticipó el gobernador Morales días atrás con el fin de adecuar normas a la nueva Carta Magna local.
Las comunidades llamaron a permanecer en alerta porque, estiman, esas nuevas leyes «vienen a quitar más derechos».
«Le decimos al pueblo que tiene que estar atento, pronunciarse y exigir a la Legislatura saber cuáles son esas 30 leyes que piensan aprobar, que seguramente ya están armadas y vienen para quitarnos más derechos, para limitarnos aún más», expresó el referente de la comunidad de Queta, Armando Quispe.
En el marco de la movilización, uno de los maloneros conversó con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5). «El Tercer Malón de la Paz llevamos más de 80 días caminando y también en las permanencias en el norte, en Purmamarca, Coranzulí, Abra Pampa, Tres Cruces, Salinas Grandes, Susques, Hornaditas y La Quiaca», repasó Antonio.
Las comunidades originarias reclaman la nulidad de la nueva Constitución provincial porque pone en riesgo sus territorios y el agua, fundamental para desarrollarse. Antonio explicó: «Si conocemos las Salinas Grandes o la Quebrada de Humahuaca como están ahora, es porque nuestros abuelos han hecho un uso racional de los recursos, han administrado el territorio de una manera que podamos disfrutarlo. Y de esa manera también queremos que lo disfrute no solo nuestra descendencia como pueblos originarios sino también toda la población de Jujuy y de la Argentina, y todo aquel que quiera visitar nuestro paisaje, nuestra cultura y nuestra gente».
En tanto, un grupo de maloneros permanece en la Plaza Lavalle de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales, reclamando que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre la presentación de inconstitucionalidad de la nueva Carta Magna de Jujuy. Allí padecen el hostigamiento de la Policía de la Ciudad y también fueron objeto de actitudes discriminatorias.
Sobre esto último, Antonio comentó: «Tenemos mucho acompañamiento, pero también este Tercer Malón mostró a una sociedad y unos gobiernos racistas y discriminatorios. El Tercer Malón hizo que se sacaran la máscara y se muestren como lo que son: racistas. Sobre todo este gobierno y los grandes medios de comunicación».
Esta mañana, los integrantes del Malón que están en Buenos Aires movilizaron hacia el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a solicitar que se ponga en funcionamiento la Comisión de análisis y recepción de denuncia por violencia institucional en la provincia de Jujuy, creada por decreto por el presidente Alberto Fernández.
El camino legal
Representantes de las comunidades, acompañados por abogadas y referentes de organismos de derechos humanos de Jujuy, brindaron esta mañana una conferencia de prensa en la sede del Centro de Docentes de Educación Media y Superior (Cedems).
Allí, respecto de la resolución judicial sobre el recurso de hábeas corpus, advirtieron que «el Poder Judicial está siendo funcional al poder político de Jujuy» y señalaron que la provincia es «epicentro de violaciones sistemáticas a los derechos humanos».
El hábeas corpus había sido presentado por el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y otros organismos de derechos humanos, ante la represión ordenada por el gobierno de Jujuy a manifestaciones contra la reforma constitucional.
«Como en la dictadura, los jueces rechazan todo habeas corpus, luego de casi dos meses de intentar que la justicia se pronuncie y nos dé una protección contra los abusos policiales, que no pueden decir que los desconocen porque hemos ofrecido innumerable cantidad de pruebas y han declarado testigos», señaló la abogada Andrea Lupiañez.
Sostuvo que «lo que hizo el juez fue negar la única herramienta jurídica que existe hoy en el país para contar con protección» y, ante hechos de violencia institucional que iniciaron en junio y continúan hasta la fecha, dijo que «ayer se dieron hechos de persecución a agentes sanitarios en el hospital de Abra Pampa por participar en el Tercer Malón».
Carlos Chuchuy, de la comunidad de Lumara, quien es además una de las personas que prestó testimonio en la presentación del habeas corpus, afirmó que la justicia defiende los «desmedidos y amenazantes» operativos policiales, como el del pasado 14 de agosto contra la permanencia a un costado del cruce de ingreso a Purmamarca.
«Ese día sufrimos la burla de la Justicia Federal. Escuchar que 700 policías estaban para cuidarnos fue un cachetazo bien fuerte. Y los que ya pintamos canas sabemos que se está volviendo a vivir lo de la dictadura», expresó Chuchuy, y reveló que también se les planteó que querían «usar el hábeas corpus para delinquir».
Luego del rechazo del habeas corpus por parte del juez Hansen, el Serpaj, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, entre otros organismos, se presentaron como «amicus curiae» en las causas que se tramitan por «persecución penal de la protesta social».
«Hemos presentando argumentos legales, técnicos, jurídicos, para decir que la justicia está equivocada; que hace oídos sordos y vista ciega a lo que está pasando», señaló Oscar Alfaro, expreso político y referente de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy.
