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Pasados 12 días desde que se dio a conocer la resolución del juez Pablo Pullen Llermanos para que Milagro Sala abandone el penal de Alto Comedero, el Poder Judicial de Jujuy sigue demorando el trámite. El ministro de Seguridad de la provincia, Ekel Meyer, afirmó que en las próximas 48 o 72 horas terminarían de colocar las cámaras en el perímetro de la casa de la localidad de El Carmen.
En tanto, Gendarmería Nacional está terminando de ubicar y acondicionar el trailer y la casilla que usará para cumplir con la orden judicial de hacerse cargo de la seguridad del lugar, en lo que resulta casi la instalación de un establecimiento penitenciario, por las directivas y restricciones que impuso Pullen Llermanos.
El traslado de la dirigente social a ese inmueble fue dispuesto por Pullen Llermanos y su par Gastón Mercau. El primero dispuso una serie de reglas que impidieron que se pudiera concretar en menos tiempo.
«El Estado Nacional lleva 18 dias de incumplimiento de la medida cautelar que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y según la cual Milagro Sala debería estar fuera de la cárcel para evitar que se produzca un daño irreparable en su integridad fisica», señalaron los abogados defensores de la diputada del Parlasur.
De todos modos, aclararon que cuando se concrete, sería parcial, dado que la CIDH resolvió que debía cumplirse con la resolución de Naciones Unidas según la cual el estado debía liberar a Sala en forma inmediata o, eventualmente, otorgarle la prisión domiciliaria o la libertad con fiscalización electronica.
Además los letrados recordaron que la prisión domiciliaria implica que la persona esté en su domicilio, con sus afectos y con la única restricción de no salir del mismo. Sin embargo, los jueces establecieron una serie de restricciones que son contrarias al regimen domiciliario, y además dispusieron el control de Gendarmería, lo que es absolutamente ilegal puesto que viola la ley 24.660, que prohíbe expresamente que fuerzas de seguridad nacionales estén a cargo de la custodia de un detenido.
El lugar al que la envían, además, no es el que ella solicitó, y de este modo le están negando que cumpla la detención su casa del barrio de Cuyaya, que es donde el año pasado Raúl Noro, su marido, había estado privado de su libertad por cuatro meses.
Por otra parte, los abogados remarcaron que la resolución de la CIDH fue emitida el 27 de julio, por lo que consideraron «una burla» que pasado más de un mes se sigan utilizando excusas dilatorias, que son además contrarias a la ley. «Esto no hace más que dar cuenta del ensañamiento que hay en contra de Milagro y del montaje de un monumental show mediático que solo pretende seguir estigmatizando a la diputada del Parlasur», señalaron.
