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Un exguardiacárcel reiteró que el ejército tomó el control del penal de Villa Gorriti el 24 de marzo de 1976, y relató los malos tratos de que eran objeto los detenidos. Fue a través de un video que vieron los acusados en el segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Jujuy durante la última dictadura cívico militar.
Además, una testigo de contexto, Mirta Mántaras, abogada especialista en Derecho Militar testimonió mediante un video sobre cómo fue el Plan de Seguridad Nacional que establecieron las fuerzas armadas en los años setenta, junto al poder eclesiástico y empresarial, que permitió entender la maniobra que derrocó a un gobierno constitucional e inició un plan de terror y muerte en el país.
La mujer afirmó que la Embajada de Estados Unidos calificó el accionar militar, con la iglesia y los sectores civiles y económicos, como “el plan más perfecto para un golpe en Latinoamérica”.
También un exguardiacárcel denunció los malos tratos que se practicaban en la prisión de Villa Gorriti y relató cómo el 24 de marzo de 1976 el ejército invadió el penal, uno de los principales centros clandestinos de detención de la provincia.
En su testimonio, Víctor López, quien entonces integraba el servicio penitenciario local, confirmó la ocupación ilegal del ejército en la cárcel y los malos tratos hacia los presos políticos, pero especialmente el plan sistemático que había ideado las fuerzas represivas en la provincia.
En este segundo juicio se investigan los secuestros de Dominga Álvarez de Scurta, cuyos restos fueron hallados, y de Osvaldo José Giribaldi, María Alicia del Valle Ranzoni, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera, Jaime Lara y Jorge Turk Llapur, quienes permanecen desaparecidos.
Entre los acusados por secuestros, torturas y homicidios en este segundo juicio se encuentra el represor Antonio Orlando Vargas, ex interventor de la cárcel de barrio Gorriti y ya condenado a 25 años de prisión en el primer juicio realizado en Jujuy y los ex guardia-cárceles Herminio Zárate, Mario Marcelo Gutiérrez, Carlos Alberto Ortiz y Orlando Ricardo Ortiz y César Darío Díaz, ex suboficial de Ejército.
López afirmó que los hombres del ejército se hicieron cargo del penal, dejando de lado al personal del servicio penitenciario, «mientras iban llegando las mujeres a la cárcel”.
Resaltó que “los presos políticos estaban incomunicados y no recibían atención médica”, desmintiendo la testimonial de un médico del servicio penitenciario.
Más adelante, se vio otro video con las afirmaciones de Javier Cesáreo De Bedia, quien como abogado, formaba parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, que tomó más de 70 testimonios luego entregados a la justicia jujeña, y que desaparecieron.
El hombre contó con detalles, el allanamiento a una casa, donde funcionaba, una delegación de la Side, donde se encontró fotos, recortes de diarios y fichas, que estaban relacionadas con dirigentes políticos y sociales, que estaban presos o habían sido marcados. También destacó que se allanó una oficina del servicio de inteligencia del ejército, ubicada en el barrio Los Perales de esta capital y se negaron a entregar la información recopilada en esa dependencia militar.
Para mañana se prevé a partir de las 9.30 horas los testimonios, mediante video, de María Pintos (exguardiacárcel), Inés Izaguirre (socióloga), Reynaldo Castro (periodista), Néstor Eduardo Meyer (exjuez federal) y Carlos Magnus Topp (otro exjuez federal y procurador fiscal)en la misma modalidad.
