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El Seguro Provincial de Salud (Seprosa) podría desaparecer antes de su implementación si prospera alguna de las iniciativas que se están impulsando para evitar el arancelamiento de la salud pública: el veto del gobernador o una decisión judicial.
Por estos días, se espera un pronunciamiento del gobernador Carlos Sadir, quien tiene plazo hasta el 9 de enero para vetar la ley 6453 que se aprobó la semana pasada en la Legislatura. En tanto, desde diversos sectores anunciaron que harán presentaciones ante la justicia, aunque la vía judicial solo podría prosperar cuando la ley esté finalmente vigente, lo que sucedería recién entre marzo y abril, según adelantó a El Submarino Radio el ministro de Salud Gustavo Bouhid.
El veto de Sadir
La diputada provincial del PJ Patricia Armella y su par Martín Fellner votaron en contra del proyecto, a contramano del resto de su bloque. En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), Armella explicó que el gobernador está habilitado para vetar la ley puesto que la iniciativa fue presentada por un grupo de diputados del oficialismo, y no por el Poder Ejecutivo.
En efecto, el texto que ingresó al recinto para su debate y aprobación está firmado por 16 diputados y diputadas radicales: Santiago Jubert, Mariela Ortiz, Natalia Guevara, Gisel Bravo, Olga Ramos, Mabel Batallanos, Juan Brajcich, Guido Luna, Adirano Morone, Angélica Castillo, Malena Amerise, Federico Manente, Iván Poncio, Diego Cruz, María Ferrin e Hilda Prolongo.
Por su parte, la senadora nacional por Jujuy Carolina Moisés (Unión por la Patria) se expresó en el mismo sentido. Consultada por El Submarino Radio, calificó la aprobación del Seprosa como «una vergüenza», y afirmó: «No entiendo a los diputados del peronismo que lo votaron y no entiendo al ministro de Salud que salió a defender semejante medida».
«Van a tener que volver para atrás», afirmó Moisés, quien le envió una nota al gobernador Carlos Sadir «pidiéndole que vete esa ley». Y fue más allá: «El ministro de Salud debería, con un poquito de vergüenza, presentar su renuncia».
Sumando firmas
Desde el partido Haciendo otra Historia, integrado por sindicalistas como Santiago Seillant, del SEOM, y Mercedes Sosa, del Cedems, plantearon que «solo un enorme repudio social y un clamor popular puede hacer que el Gobernador Carlos Sadir decida dar marcha atrás con esta iniciativa nefasta y decida vetar esta ley para que quede sin efecto».
«Si no lo hace, que asuma su responsabilidad ante semejante bochorno histórico», agregaron, y convocaron a firmar un formulario en línea.
Una iniciativa similar lanzó el Foro Provincial en Defensa de la Salud Pública para reclamar la «inmediata derogación de la ley 6453». En el texto, remarcan que «se contrapone al Derecho Universal a la Salud garantizado por los artículos 42 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, por lo que resulta inconstitucional» y recuerdan que «el cuidado de la salud es un deber indelegable de los Estados y un derecho humano inalienable de la población a recibir una salud pública, gratuita, oportuna y de calidad».
La vía judicial
El Seprosa corre el riesgo de morir antes de su puesta en vigencia. Si no es a través del veto del gobernador Carlos Sadir, puede ser por una orden judicial que surja de alguna de las numerosas presentaciones que, según se anunció desde diversos sectores, se van a hacer por estos días.
Carolina Moisés adelantó que esta semana, pasado el feriado de Navidad, va a presentar un amparo judicial para evitar que se avance con la iniciativa.
Martín Fellner, en tanto, quien calificó a la ley como «floja de papeles», consideró que «va a generar presentaciones judiciales». De todos modos, aclaró: «Estamos a la espera a ver si conseguimos aunque sea el borrador de la reglamentación para saber cómo se va a implementar, y en ese caso saber cómo podemos actuar».
Es que las presentaciones ante la justicia, incluso los planteos de inconstitucionalidad, solo podrían tener un efecto real luego de que la ley esté vigente.
La figura del amparo, por otro lado, no prosperaría en esta instancia porque, técnicamente, todavía no se estaría violentando ningún derecho.
No obstante, existe la figura de la «acción preventiva de daños», prevista en el nuevo nuevo Código Procesal Civil y Comercial de Jujuy, que podría ser presentada ante un juez para que frene la implementación de la ley.
De todos modos, todas las alternativas judiciales están siendo estudiadas y todo indica que no tendrían un efecto inmediato aunque fueran presentadas en los próximos días.
La situación va a cambiar en cuanto la ley entre en vigencia, si eso finalmente ocurre. En ese caso, el tema podría escalar a nivel de la justicia federal mediante un pedido de una medida cautelar.
