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Violencia de género en aislamiento: «El Estado debe salir al encuentro de esas situaciones»

A nivel general, el aislamiento ha reducido todos los delitos, menos los relacionados con violencia de género. “Es necesaria una política ofensiva del Estado, yendo al encuentro de las situaciones de violencia”, afirmó la abogada Mariana Vargas, referente de la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy.

En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), Vargas analizó la situación de las mujeres víctimas de violencia de género en el marco del aislamiento que las fuerza a convivir con los agresores, y el modo en que las políticas públicas para atender la problemática parecen ser insuficientes.

Mientras el resto de los delitos son obstaculizados por el aislamiento, porque hay menos gente en circulación y porque hay más presencia de las fuerzas de seguridad, los de violencia de género no disminuyen. “Eso quiere decir que estamos peor”, concluye la abogada.

Por otro lado, en la mitad de los femicidios que se cometieron a nivel nacional desde que comenzó la cuarentena, el femicida no era conviviente. “Eso significa que el aislamiento no impide que los tipos vayan y agredan”, señala.

Al agravamiento de la situación de las mujeres que conviven con el violento, se suma además la falta de monitoreo de posibles casos de abuso y maltrato infantil. Vargas explica: “Se redujeron las denuncias de violencia hacia niños y niñas porque la mayoría de las veces son las instituciones educativas las que detectan los abusos, que suelen ser intrafamiliares, y los denuncian”.

“En conclusión, estamos peor en muchas cosas”, completa, y agrega: «El tema es cuánto podemos conocer de la violencia en el aislamiento Por eso es importante que la política estatal no sea solo dar un teléfono, acudir y acompañar con los equipos interdisciplinarios que hay, sino que necesitamos algo más activo, yendo al encuentro de esas situaciones”.

En este sentido, remarca la iniciativa del movimiento de mujeres para que se pongan a disposición habitaciones de hoteles para las mujeres que necesitan salir de su casa y tener un lugar adonde quedarse con sus hijos. “Esto requiere decisión y una política ofensiva del Estado. Ya lo logramos en algunos lugares del país, con sindicatos que tienen hoteles, pero necesitamos una ofensiva, porque hoy una mujer víctima de violencia sale a hacer la denuncia y tiene que volver a su casa con el violento”, afirma.

Abusos policiales

En la provincia de Jujuy se da además una problemática que agrava la situación, que tiene que ver con la actuación policial. “La línea 144, en general, deriva a la comisaría, que es por otro lado el lugar natural al que va una mujer a denunciar que está siendo víctima de violencia. Pero resulta que nos venimos encontrando con casos de abuso sexual y acoso por parte de los propios policías. Eso es un problema: en el lugar adonde vamos a buscar protección nos encontramos con un violador”, describe.

La abogada hace referencia a tres casos que ocurrieron en las últimas semanas: el abuso del que fue víctima una mujer trans en Libertador Gral. San Martín por parte de efectivos policiales; la mujer policía que fue violada por un colega suyo en el destacamento de Chalicán y la violación de una mujer por parte de tres uniformados en la comisaría 63 de Alto Comedero. De los tres graves episodios, el único que derivó en una detención es el de Chalicán.

“No estamos viendo que los policías de Alto Comedero hayan sido separados de la fuerza. Habían dicho que los habían separado, pero compañeras nuestras fueron a ver y seguían estando allí”, advierte Vargas.

Las situaciones de violencia y abuso dentro de las fuerzas de seguridad constituyen una problemática particular, que requiere un tratamiento específico. “Tenemos un montón de casos de policías abusadores. Muchos no son denunciados, pero al tiempo aparece el relato y uno se entera”, revela la abogada.

Hay una especie de patrón que se repite frente a cada caso que sale a la luz. Cuando ocurrió el abuso en la comisaría de Alto Comedero, volvió a verificarse: “Empezamos a recoger testimonios de situaciones de acoso por parte de esos mismos policías contra otras mujeres. Es decir que la historia allí es bastante larga”, cuenta.

Vargas espera que esos testimonios sean escuchados en el marco de la investigación penal. Si bien se trata de hechos distintos, servirán para poner de manifiesto que “ese es un lugar donde se ejercía violencia y acoso hacia las mujeres”, dice.

“Insisto: se trata de una comisaría, el lugar natural donde se hace una denuncia por violencia de género”, remarca.

Para Vargas, es importante recordar que “también que hay muchos otros lugares donde se atiende bien, se asesora, tanto hombres como mujeres policías”, pero no se debe eludir la evidencia de que “la tendencia es a obstaculizar, aconsejar que no se haga la denuncia, y maltratar”.

Después de haberse conocido los tres hechos de violencia y abuso que implican a personal policial, el gobierno provincial organizó una capacitación dirigida a comisarios en el marco de la Ley Micaela. Para Vargas, “es complicado ver que lo hacen en un momento en que se revelan casos de abuso policial”.

“En lo primero que hay que capacitar es para no violar”, advierte. Y agrega: “Más allá de eso, hay que decir que está bien que lo hagan, porque la ley obliga. Pero a todos los que vimos esa foto nos produjo irritación. Porque las mismas personas que están haciendo esa videoconferencia, tendrían que estar viendo qué se hace con estos casos, con esa violencia que existe en una fuerza que es vertical, donde hay mucho machismo y donde muchas mujeres policías sufren situaciones de este tipo”.

En su trabajo cotidiano como abogada, en su estudio particular, Vargas verifica que “un porcentaje llamativo de los agresores son policías”. Lo mismo pasa con los casos de violencia económica, de progenitores abandónicos que no pasan alimentos a sus hijos. Y advierte: “Es un oficio que aparece en un gran porcentaje de los problemas de violencia de género en la sociedad jujeña”.

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