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Por H.I.J.O.S Jujuy Este jueves pasado, se desarrolló una nueva jornada de alegatos en el marco del 6to Juicio de lesa humanidad en Jujuy. Fue el turno de la querella particular del abogado Oscar Rodríguez, en representación de Teresa Adriana Arédez la hija de la víctima Luis Ramón Arédez.
El letrado afirmó que, si bien adhería a lo dicho por el ministerio público fiscal sobre la privación ilegal de la libertad y los tormentos, siendo que esta tipología criminal ya fue expuesta en la jornada anterior, iba a extenderse al respecto de la clasificación teniendo en cuenta la tipología de los delitos en el marco del derecho internacional que abarcan los crímenes de paz, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, teoría del derecho que surge del juicio a los nazis en Nuremberg.
Ante esto, Rodríguez mencionó que se consideran crímenes de Lesa Humanidad aquellos ataques llevados a cabo de manera generalizada o sistemática contra una población civil y teniendo conocimiento de causa, contemplando los delitos de asesinato, exterminio, esclavitud, deportación ilegal o forzada, detención y desaparición forzada, tortura, fundados en cuestiones políticas, religiosas, raciales y étnicas.
Estos delitos se dieron dentro de una macro criminalidad, agregó el querellante, es decir que los comportamientos se llevaron a cabo dentro de un sistema que poseía una estructura y aparato de poder, diferenciándose de las formas normales de criminalidad por el rol activo que desempeña el Estado. Rodríguez afirmó que la macro criminalidad política es la “criminalidad fortalecida por el Estado, crimen colectivo políticamente condicionado, crimen de Estado, terrorismo de Estado o criminalidad gubernamental”.
La problemática surge a la hora de juzgar las actividades delictivas individuales dentro de los actos colectivos o de masas. Por esta razón, el abogado mencionó que resulta imposible proponer un tratamiento de los hechos que ignoren la dimensión extraordinaria en que se presentaron. Los imputados fueron la clase dirigente de ese Estado, afirmó. De manera que resulta complejo aislar el aporte individual del resultado total de los daños colectivos. Por esto mismo, hay que considerar al Estado y los funcionarios de este, siendo los delitos la expresión de la filosofía planteada.
Considerar este ámbito filosófico resulta interesante, pues se ve plasmado en los actos individuales y delata claramente la asunción plena de todas las consecuencias. Estos genocidas sabían que pertenecían a una macro criminalidad, sabían lo que proseguía después de los secuestros y centros clandestinos. Con esto, el abogado quiso remarcar que todos aquellos que tuvieron un aporte sabían de este plan, por lo tanto, no hubo aportes individuales a secas. Estos criminales tenían pleno conocimiento de estar inmersos en un aparato de poder, cuya finalidad era la desaparición de las personas. Por lo mismo, agregó que la figura penal de privación ilegal de la libertad planteada dentro de este marco no tiene sustancia alguna.
Luego de un breve cuarto intermedio el abogado desarrolló las resoluciones presentes en la Asamblea General de las Naciones Unidas que dispone que los crímenes de guerra y de lesa humanidad, en cualquier fecha que se hayan cometido, serán objeto de investigación las personas contra las que exista prueba de culpabilidad. Estas serán buscadas, detenidas, enjuiciadas, declaradas culpables y castigadas.
Finalmente remitió a la acusación y adhirió a lo dicho por el Ministerio Público Fiscal, pero, solicitó la condena de Juan Carlos Jones Tamayo a 40 años de prisión y accesorias legales de igual tiempo de la condena que incluyen inhabilitación absoluta y costas por haber intervenido como coautor en el delito de desaparición forzada y tormento en perjuicio de Luis Ramón Arédez.
Para Juan de la Cruz Kairuz pidió 20 años de prisión efectiva e igual tiempo de inhabilitación absoluta y costas por ser coautor de la desaparición forzada de Luis Ramón Aredez.
Adelantó que solicitará la formación de un legajo separado para investigar el tramo de la desaparición definitiva y la participación del empresario Blaquier.
La jornada de alegatos finalizó con la lectura de una carta del militante Carlos Tobal, que apunta a reflexionar sobre lo permitido durante el plan sistemático, los genocidios y todo aquello que repercute aún hoy, habiendo pasado casi tres décadas del exterminio sobre todo la “impunidad asegurada” de la que sigue gozando el empresario Pedro Blaquier.
Luego de las negociaciones entre el Ministerio y los abogados de la defensa, que pedían retrasar el juicio dos semanas, se acordó que el próximo encuentro será el jueves 1 de septiembre a las 8:30 hs en la sala del TOF de Jujuy donde comenzarán a alegar los defensores de los genocidas.
La cita revestirá la misma modalidad virtual y será transmitida en vivo por el canal de Youtube del CIJ (Centro de Informaciones Judiciales)
https://www.youtube.com/user/cijargentina
