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Durante la madrugada del 18 de julio, Juan de Dios Aramayo Vallejos, dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Bolivia, fue detenido en una casa de la ciudad fronteriza de La Quiaca, ubicada en la calle Árabe-Siria 78. Fue un día después del golpe de Estado de Luis García Meza, y sigue aún desaparecido.
Aramayo Vallejos fue entregado a autoridades bolivianas en Villazón. Un mes después desapareció del cuartel de Tupiza. Probablemente fue ejecutado y enterrado en la mina Bolívar o en una fosa común fuera del cuartel. Los presuntos responsables de este hecho son el coronel Emilio Lanza Armaza, comandante del regimiento Chichas de Tupiza; el capitán Luis Cossio Virhuet; Roberto Flores, y los paramilitares Montes y Martínez.
Además de Aramayo Vallejos, otros ciudadanos bolivianos, fueron detenidos y permanecen desaparecidos, como Walter Teófilo Pérez Loza, en San Pedro de Jujuy, el 5 de diciembre de 1975, y Johnny Vargas Orosco, que fue arrancado de su casa de Libertador Gral. San Martín en la Noche del Apagón del 21 de julio de 1976.
El estudiante Oscar Hugo González de la Vega, hijo de bolivianos y militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores en ese país, fue secuestrado en julio de 1976 en Cochabamba por represores del Departamento de Orden Político (DOP). Luego fue visto en Villazón y finalmente fue entregado en octubre a militares argentinos en la ciudad de La Quiaca, donde se le perdió el rastro.
Jaime Lara Torres, nacido en Bolivia y nacionalizado argentino, era un sindicalista docente y artista plástico que fue secuestrado el 28 de mayo de 1976 y llevado a la cárcel de Gorriti, desde donde desapareció entre el 1º y el 10 de junio de ese año.
Narciso Santiesteban, militante de la Juventud Peronista, hijo de madre boliviana, fue secuestrado el 17 de abril de 1977 mientras prestaba servicios como policía en una comisaría próxima al Ingenio Ledesma.
Lo mismo sucedió con Mario Ivar Flores, Fausto Choque Cabrera, Walter Eduardo Oviedo Morales, Máximo Rojas Caballero y Juan Carlos Espinosa.
Hace casi cuatro años, la agrupación H.I.J.O.S. de Jujuy se presentó como querellante por once víctimas de nacionalidad boliviana o descendientes de bolivianos, que fueron detenidos y desaparecidos durante el terrorismo de Estado.
“Queremos dar visibilidad a estos casos, que representan más del 15 por ciento de los desaparecidos en Jujuy, en parte ignorados por provenir de familias empobrecidas y también por aspectos racistas que acompañaron la represión terrorista de Estado”, destacó Eva Arroyo, de H.I.J.O.S. Jujuy, quien subrayó “el valor de los familiares, que han iniciado el camino de la búsqueda de la verdad”.
“Es importante entender que el terrorismo de Estado llegó a todos lados, con dictaduras simultáneas en toda la región, y Bolivia es uno de los países más olvidados en este sentido”, agregó.
La abogada María José Castillo señaló que algunos de los casos denunciados se inscriben en el Plan Cóndor, como se denominó a la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur.
