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En un comunicado de prensa, el Seom salió a refutar las declaraciones públicas del concejal capitalino del radicalismo, Lisandro Aguiar, quien acuso al gremio de “cometer delitos e ilícitos”, cuando realizan una protesta.
El Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom) expresó que «entiende que es un deber como asociación que forma parte de la sociedad jujeña, responder contundentemente a quienes desde la facilidad de un cargo político o de una postura social (siempre contraria a los trabajadores) con una liviandad rayana en el desprecio, emiten opiniones con el claro e inocultable propósito de inocular en la sociedad una animadversión hacia los empleados y obreros municipales de San Salvador de Jujuy, y por elevación, y como quien no quiere la cosa, contagiar a otros municipios en su inquina hacia los obreros municipales de toda la provincia».
«En algunos medios gráficos y digitales, Aguiar, siempre con muy buen pasar por los jugosos ingresos que percibe debido a su gran habilidad para figurar en listas eleccionarias o de posibles funcionarios, haciendo referencia a los hechos que son de público conocimiento, pero no en su verdad real, sino a través de la puesta en escena pergeñada por miembros del ejecutivo y legislativo municipal, emite un concepto con tinte aterrador para quien lo lea y con tendencia al desprestigio de nuestro gremio, inventando el concepto de ‘delictualización de la protesta social’, para no asumir o, mejor dicho, querer desvirtuar lo que nosotros siempre denominamos criminalización de la protesta social».
«A pesar de lo oscuro del concepto, logramos descifrar que el objetivo del epíteto, es dibujar una situación que se quiere introducir en el comentario social y esto precisamente es decir algo como: “se utiliza la lucha social para cometer delitos”, intentando tergiversar el verdadero concepto cual es de la criminalización de la protesta social. Lo nuestro es lucha social, y entonces lo que el concejal olvidó considerar, es que en la lucha política, como la que él ejerce, también se cometen delitos que no son del caso puntualizar, pero que como las brujas, los hay».
«Es que precisamente, cuando se conceptualiza la criminalización de la protesta social, se dice claramente que ello implica desde el plano legislativo la construcción de tipos penales que permitan penalizar las manifestaciones sociales, pero en este caso, el concejal se ve vedado de crear tipos penales debido al bajo rango -no por eso menos importante- de su función legislativa, por lo que trata de legislar socavando la conciencia ciudadana con la creación de engendros conceptuales que no hacen bien a nadie».
«Pero lo que es de tener presente (no temer porque los trabajadores no tememos a nada, porque nada tenemos que perder) es que estas conceptualizaciones cunden en el ciudadano común y llegan hasta el Poder Judicial, a través de la imputación y eventual condena a trabajadores municipales por su participación en la movilización».
«Es decir que se trata a la protesta social como un asunto penal, lo cual es inadmisible en un sistema democrático del que tanto hace gala el sector político al que responde el concejal. Es que en ese sistema si es verdadero, quienes conducen políticamente en cualquiera de sus estamentos, no deben lesionar a nadie con promesas incumplidas ni con provocaciones sobre todo a los trabajadores que se vean involucrados en tales actitudes. Es que, claro, en la puesta en escena antes mencionada no se muestran las provocaciones que generan la lógica reacción de los trabajadores. El poder de conducción no implica ni justifica el maltrato de los empleados, y esto ya tiene antigua data».
«Es por ello que el concejal quiere justificar la actuación del Estado Municipal, que busca cubrir su expresión política con un ropaje criminal, es decir activando todos los elementos que conforman el aparato punitivo para tapar sus desaciertos».
«No usamos la protesta para cometer delitos, sino que ante la desaprensión y actos provocativos de las autoridades, reaccionamos como lo hace cualquier ser humano, y como la reacción es una respuesta a una acción previa, surgen daños de los que no somos exclusivos responsables. Pero quienes siempre pagan los platos rotos somos nosotros».
