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Por Irina Hauser, en Página/12. En pleno desarrollo de las indagatorias en los tribunales de Lomas de Zamora por el espionaje en las cárceles sobre ex funcionarios kirchneristas, empresarios y sindicalistas, la Cámara Federal porteña tomó una nueva decisión que pone en jaque esa parte de la investigación al ordenar que pase a tramitar en Comodoro Py, como pretenden los implicados que integraron el gobierno de Cambiemos.
El fallo fue firmado por el juez Leopoldo Bruglia y hace lugar a un pedido de Darío Nieto, secretario privado de Mauricio Macri, con la adhesión de Juan Sebastián de Stéfano, que fue jefe de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), un área que se convirtió en estratégica en el espionaje a los presos según descubrieron lo fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.
La semana pasada la Cámara Federal de la Plata sostuvo exactamente lo contrario: que todas las causas vinculadas al espionaje macrista deben seguir en el juzgado de Juan Pablo Augé. Es una pelea que seguirá escalando y que deberá dirimir la Cámara de Casación Penal, donde a la vez dos salas (la I y la IV) podrían entrar en disputa.
Mientras en los tribunales de Retiro se redoblaba así la presión para llevar allí la investigación sobre espionaje, en Lomas de Zamora le tocaba ser indagada a la exnúmero dos de la AFI, Silvia Majdalani, y también al ex espía Leandro Araque, uno de los personajes centrales del grupo conocido como “Super Mario Bros”.
Ambos estaban citados para rendir cuentas acerca del espionaje en el penal de Ezeiza, sobre los presos que estaban alojados en el sistema de Intervención de Indices de Corruptibilidad (IRIC) creado por la gestión macrista, a quienes se monitoreó según la imputación por su calidad de dirigentes políticos y/o ex funcionarios o por su pertenencia a organizaciones partidarias y/o sociales y/o sindicales pero también por sus acciones privadas.
Se rastreaban datos sobre lo que hacían dentro de la cárcel y sobre sus familiares, allegados, abogados, organizaciones vinculadas, entre otras cosas.
Hubo una coordinación, según la fiscalía, entre el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y la AFI que incluso quedó plasmada en un convenio de cooperación que fue revelado por este diario, que data del 8 de junio de 2018. Existieron encuentros entre funcionarios de los dos organismos. En el celular de Araque fue hallado un listado con el detalle de los presos a monitorear que estaba ordenado con un semáforo según el nivel de importancia que les daba la AFI. A otros espías también les encontraron un punteo de qué se debía indagar sobre cada uno.
Majdalani se negó a declarar. “Sigo pensando que ustedes no son competentes”, dijo ante el juez Augé y los fiscales. Se quejó porque es la tercera vez que la citan como sospechosa. La ex Señora 8 es una de las tantas imputadas que pidió el pase de la causa a Comodoro Py, que es considerado por el macrismo un territorio más confiable para sus intereses. Araque, después de quejarse de qué se lo acusa, dijo que hablaría pero no contestaría preguntas.
“Voy a aportar lo poco que sé”, avisó. Negó, como era esperable, haber espiado a presos, pero retrucó: “Le tendrían que preguntar al doctor (Federico) Villena que es el que avaló las intervenciones telefónicas (en los teléfonos públicos de los pabellones de Ezeiza)”, en referencia al magistrado que tuvo en un comienzo esta misma investigación sobre espionaje pero que había ordenado las intervenciones. «O el doctor Villena es cómplice, o es un idiota”, lanzó.
El comentario mordaz de Araque en su breve declaración está ligado a un aspecto de la investigación que involucra a Arribas y al área de Jurídicos que a él respondía. Villena había ordenado escuchar al narco Mario Segovia, el Rey de la Efedrina, dentro de Ezeiza en una causa sobre narcoterrorismo. Se sospecha que fue trasladado a propósito al IRIC, para así poder vigilar y espiar a los otros detenidos.
La dirección de Jurídicos –que no era un área operativa sino burocrática en sus orígenes- terminó teniendo en sus manos esas escuchas para desgrabarlas. Arribas fortaleció esa área con recursos y funciones. Aquellas escuchas fueron las que llegaron a Elisa Carrió y luego se filtraron para generar una contra-causa de la que tramita en Dolores, el D’Alessiogate. Eso motivó que Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, abogados espiados, pidieran la indagatoria de Carrió y se sumó el colegio de Abogados de Capital Federal.
El fallo que firma Bruglia en la Cámara era un paso que esperaba el macrismo para seguir fortaleciendo la ofensiva para mudar la causa.
Un dato llamativo es que el recurso fue presentado en un comienzo por Nieto, que no está imputado por el espionaje en las cárceles sino en otro tramo del expediente, donde el foco está puesto en actividades de inteligencia ilegal sobre políticos, sindicalistas, organizaciones sociales, periodistas y referentes eclesiásticos, entre otros. Sin embargo, pidió que el tramo que involucra al SPF pase a Comodoro Py, y para garantizarse que prospere se le sumó De Stéfano, que sí está implicado en el tramo carcelario. El argumento es que los involucraron tomaron decisiones en territorio porteño.
El otro aspecto insólito es que adhirieron también a estos pedidos algunas de las víctimas del espionaje, de las propias filas del macrismo, que pese a los avances en Lomas de Zamora, parecen preferir los intereses de quienes los habrían mandado a espiar dentro de su propia fuerza. Ellos son Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y María Eugenia Vidal.
Ahora se vendrá un nuevo round en Comodoro Py por dónde debe seguir la causa, que quedará en manos de la Cámara de Casación, pero allí hay dos salas que intervienen y podría generarse un tironeo. La Sala I tiene planteos para llevar a Retiro la causa sobre el espionaje al Instituto Patria y a Cristina Fernández de Kirchner. La Sala IV tiene todo el resto de las maniobras de espionaje, y hasta ahora favoreció al aparato de espionaje macrista. La Cámara Federal de La Plata sostuvo que todo debe seguir en Lomas de Zamora donde el expediente está muy avanzado.
