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El Fiscal General Federal del Distrito Salta, Francisco Snopek ordenó al fiscal de la justicia federal de Jujuy, Federico Aníbal Zurueta que siga investigando al Ingenio Ledesma, por una denuncia penal el gremio azucarero que acusó a la empresa haber propagado el coronavirus, durante la pandemia que comenzó en el mes de marzo.
Este miércoles pasado, advierten que en la denuncia contra Ledesma SAAI quien había violado el Código Penal que se realizó en la sede de la justicia federal de Jujuy contra el Directorio de la planta fabril, al Ceo Javier Goñi y al jefe médico de la compañía Diego Paredes, que se siga investigando, porque no se puede descartar tan livianamente la existencia de un delito sin efectuar las medidas probatorias solicitadas oportunamente por el Sindicato de Obreros y Empleados azucareros del Ingenio Ledesma, que tenía la finalidad de determinar si desde la empresa se incumplieron o no los protocolos sanitarios que ellos formularon de manera unilateral.
Snopek aclara que la resolución que todos los informes y las actas que presentó la empresa en su descargo, son posteriores a la denuncia realizada el 27 de julio de 2020, y que las resoluciones del Comité Operativo de Emergencia del gobierno de Jujuy son obligatorias desde el mes de marzo del corriente año hasta la fecha.
También manifiesta que Ledesma jamás acercó los legajos médicos de los trabajadores fallecidos ni de los enfermos del SARS CoV-2, a pesar que se había pedido el secuestro de los mismos.
En resumen, el Fiscal Federal de la provincia debe seguir investigando al Directorio de la Empresa compuesto por la familia Blaquier, Goñi y Paredes con el objeto de determinar si cometieron el delito de propagación de enfermedad grave y peligrosa previsto en el art. 203 del Código Penal.
Cabe destacar que el Fiscal Federico Aníbal Zurueta debió inhibirse de actuar en esta causa, ya que desde el año 2016 el Estudio Jurídico “Zurueta”, es uno de los apoderados del Grupo Económico en Jujuy.
Esta vez, el intentó falló de salvar a Ledesma por parte de la justicia federal de Jujuy, que había desestimado la denuncia penal que había interpuesto el Soeail por la supuesta diseminación del SARS Covid-19 e incumplimientos de normas de bioseguridad que según el sindicato había violado los protocolos sanitarios de la compañía para prevenir los contagios del virus.
Denuncia sindical
El gremio azucarero afirma que Ledesma cometió una violación al Código Penal y resalta que el fiscal Zurueta dice que no hay delito.
El sindicato sostiene no sólo no investigó, sino que emitió una resolución desestimando el debido proceso porque descalifica nuestros hechos demostrados y apela a los dichos de Ledesma.
La denuncia penal por las muertes que “empezamos a tener y la actitud de medicina laboral de burocratizar las licencias. El pedido de creación de un comité hubiera permitido en aquellos momentos críticos; poder informar a los trabajadores de lo que iba aconteciendo en los distintos lugares de trabajo con los casos positivos, la aplicación de las desinfecciones, las licencias a los contactos estrechos, las denuncias de los lugares donde los supervisores dejaban de aplicar los protocolos para priorizar la producción”.
Los delegados y trabajadores designados serian quienes en cada sector de trabajo podrían monitorear diariamente en los horarios de trabajo, la aplicación y mejora de los protocolos previstos. Proveer de novedades y hacer una retroalimentación aumentando la efectividad de las medidas adoptadas en el cuidado de COVID. Manejar la información de manera responsable y realizar las estadísticas y análisis necesarios de los lugares con mayores contagios. Nada de esto se pudo lograr por la soberbia patronal, que públicamente acepto 492 casos positivos y más de 18 muertos.
Alejandro Santos Cruz, Matías Sebastián Urzagasti, Orlando Corimayo, Basilio Octavio Artero, Gumersindo Martínez, Juan José Barrionuevo, Adolfo Alfonso Arequipa, Javier Humberto Miranda, Juan Ángel mercado, Daniel Roberto Amador, Héctor Gallardo, Armando Ajalla, Francisco Inca, Marcelo Orlando Herrera, Ramon Antonio Chaile, Juan Arena, José Carrasco, estuvieron prestando servicios Ledesma y “no queremos que su muerte sea en vano, por desidia de la justicia federal de Jujuy.
El gremio sostiene que Ledesma no cumplió los protocolos hasta el anuncio de conflicto y lo hicieron cuando ya estaban los enfermos y muertos; los insumos entregados fueron de una calidad inferior a la necesaria para evitar que se propague la enfermedad Covid-19
También afirma que Ledesma es la empresa con mayor cantidad de empleados muertos en todo el país por el coronavirus.
