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El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) constituyó la Mesa Estratégica de Cannabis y Cáñamo Industrial, para coordinar las tareas de los diferentes organismos involucrados «atento a las potencialidades que giran en torno a su desarrollo como una nueva cadena de valor».
La medida se dispuso a través de la resolución 454/2022, publicada en el Boletín Oficial, en la que también se designó responsable del nuevo organismo a Diego Peña, quien tendrá a su cargo «la articulación con todas las áreas del Senasa y la supervisión de las tareas del equipo de trabajo de dicha Mesa».
También abordará «la coordinación de las acciones con otros organismos, consejos, universidades competentes en la materia y con todas aquellas instituciones que puedan ser relevantes en el desarrollo del sector, especialmente con el Instituto Nacional de Semillas (Inase), para la elaboración de marcos y programas comunes de colaboración que permitan el desarrollo de la fiscalización y control en esta industria».
La Mesa «no implicará la creación de nuevas aperturas estructurales ni erogación presupuestaria adicional alguna» y estará conformada por un representante por cada una de las siguientes direcciones nacionales: de Protección Vegetal, de Sanidad Animal, de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, de Operaciones y uno de la Dirección General de Laboratorios y Control Técnico.
En los considerandos de la norma que indica que «uno de los ejes de trabajo identificados para el año en curso y asignado a la Unidad Presidencia es el tratamiento del universo del cannabis de uso medicinal y el cáñamo industrial, atento a las potencialidades que giran en torno a su desarrollo como una nueva cadena de valor».
El 26 de mayo se promulgó la ley 27.669, que establece el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, a través del decreto 266/2022.
La ley, cuya promulgación había sido anunciada el martes 24 de mayo por el presidente Alberto Fernández, crea la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame), que es «el organismo competente para reglar, controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados».
El marco regulatorio abarca a «la cadena de producción y comercialización nacional o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial; promoviendo así el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial», indica la ley en su primer artículo.
En un acto llevado a cabo en Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández afirmó que la ley «es un paso en el acceso al derecho a la salud» y, a la vez, «un triunfo de la sociedad contra la hipocresía».
«El cannabis era para gran parte de la sociedad una palabra prohibida; pero las voces de unas madres llamaron la atención de muchos: podían resolver los problemas de la gente», aseguró el primer mandatario, quien agregó que con esta nueva ley se podrá «ayudar a resolver la salud de mucha gente que lo necesita y que probó que esos medicamentos le sirven y hacen más llevaderas sus vidas».
Por su parte, el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, sostuvo que se proyectan «US$ 50 millones de exportación en pocos años y más de US$ 500 millones de producción nacional» como consecuencia de la ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial.
