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El presidente Alberto Fernández quiere darle celeridad al trámite de juicio político contra los cortesanos, mediante una convocatoria a sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados para la segunda quincena de este mes.
El pedido de juicio político alcanza al titular de los supremos, Horacio Rosatti, y a los vocales Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, quienes son acusados por el Ejecutivo de incurrir en mal desempeño y parcialidad.
La convocatoria de sesiones extraordinarias saldrá «la semana que viene», adelantó la portavoz de la Presidencia Gabriela Cerruti, y la solicitud de juicio político «será parte del temario».
La iniciativa que impulsa este proceso de remoción abordará dos cuestiones y la primera es la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 26.080 que rigió el funcionamiento del Consejo de la Magistratura durante 16 años y que fue reemplazada, por decisión de la Corte, por la derogada Ley 24.937.
Otra cuestión a analizar es la medida cautelar que restituyó fondos coparticipables para la Ciudad de Buenos Aires (CABA).
El primero de los casos, es considerado insólito e improcedente, mientras en el segundo de los casos, la funcionaria evaluó que el máximo tribunal «violó la división poderes» al tratarse de un tema «que debe resolverse en el Congreso de la Nación o en el Poder Ejecutivo, porque es algo que involucra a todas las provincias».
«Debo impedir que se siga manipulando el Consejo de la Magistratura con insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al Poder Judicial entrometerse en las decisiones del Congreso Nacional», indicó el presidente al anunciar el primer día de este año su decisión de iniciar el juicio político.
Y sobre el fallo que benefició al distrito porteño, el jefe de Estado indició que su deber era «promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica».
Fernández basó su planteo a través del artículo 53 de la Constitución Nacional, que prevé que la Cámara de Diputados «ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones».
El pedido tiene el apoyo de 11 gobernadores: Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
Además, los vicegobernadores del Norte Grande, Rubén Dusso (Catamarca), Florencia López (La Rioja), Carlos Silva Neder (Santiago del Estero), Sergio Mansilla (Tucumán), Analía Rach Quiroga (Chaco) y Eber Solís (Formosa) respaldaron también la iniciativa consensuada entre el presidente y los mandatarios provinciales y pidieron al Parlamento que «las instituciones sean restablecidas» para que sean «garantes de la República».
Otros gobernadores, Gustavo Sáenz (Salta), Arabela Carreras (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones), habían cuestionado el fallo de la Corte que dispuso que el Gobierno destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a CABA, pero no se pronunciaron sobre el pedido de juicio político.
La semana pasada, el jefe de Estado se reunió con Germán Martínez, presidente del Bloque de Diputados del Frente de Todos (FdT) y con la diputada nacional Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Juicio Político, para entregarle el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema que impulsó junto a los citados gobernadores, y les solicitó que inicien «su pronto tratamiento legislativo».
El legislador aseguró que se logrará «cada vez más consenso» a medida que se avance en el juicio político y llamó a «reivindicar la decisión política del presidente y los gobernadores» ya que «están pensando en el interés general y en las provincias que se ven perjudicadas por el avasallamiento de la Corte en otros poderes».
