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Una provincia del oeste de Canadá despenalizó a partir de este martes la posesión de pequeñas cantidades de heroína, fentanilo y otras drogas duras, un cambio drástico en la política para tratar de detener la crisis de los opiáceos que mató a miles de canadienses.
Columbia Británica -de cinco millones de habitantes- es la primera provincia canadiense en experimentar esta excepción, aplicada hasta ahora solo en Oregón (Estados Unidos) y en Portugal.
A partir de hoy y durante un periodo de tres años, los adultos podrán llevar hasta 2,5 gramos de droga para uso personal.
Hasta ahora, los casos más graves de posesión de drogas duras implicaban multas y penas de prisión.
«La situación nunca ha sido más urgente», sostuvo Carolyn Bennett, ministra de Salud Mental y Adicciones de Canadá, en una conferencia de prensa en la víspera de la entrada en vigor de la nueva normativa.
«Los efectos de esta crisis de salud pública han devastado comunidades en la Columbia Británica y en todo Canadá», agregó, según consignó la agencia de noticias AFP.
En mayo pasado, al anunciarse el desarrollo de esta medida, la funcionaria había precisado que el proyecto podría aplicarse en otras provincias.
En abril de 2016, Columbia Británica se declaró bajo estado de emergencia de salud pública debido a las sobredosis y muertes relacionadas con el consumo de drogas ilícitas. Cuando esto sucedió se estimaba que 2016 cerraría con hasta 800 muertes, pero se llegó a 994.
Más de 10,000 personas han muerto desde esta acción.
Durante la primera ola de la pandemia de coronavirus en mayo de 2020 el número de muertes relacionadas con sobredosis en Columbia Británica superó al número de muertos por Covid-19, sumiendo a la provincia en una doble crisis de salud.
2021 fue el año más letal para la provincia en este tema con 2,267 muertes relacionadas al consumo de drogas y 2022 no se quedará atrás por mucho ya que se estima que la cifra final se acerque a las 2,192 muertes.
Canadá lleva invertidos más de 800 millones de dólares canadienses (unos 597 millones de dólares) desde 2017 para responder a la crisis de los opiáceos, que fue en gran parte responsable del estancamiento de la esperanza de vida en los últimos años.
Benedikt Fischer, profesor de la Universidad Simon Fraser y experto en temas de salud pública y drogas, escribió para el medio canadiense The Globe and Mail que si bien las intenciones del programa son las correctas no atacan el verdadero problema, ya que por una parte el consumo personal de quienes más necesitan ayuda es superior a los 2,5 gramos y, por otra, gran parte del problema sucede en residencias privadas.
De igual forma, el experto advierte que parte del problema viene de la especialización de la oferta, ya que cada vez entran al mercado drogas más adictivas y letales. El fentanilo, por ejemplo, ha pasado de estar presente en 5% de los resultados de exámenes de toxicidad en muertes relacionadas con drogas en 2012, a estarlo en el 87% de los casos en 2021.
El caso portugués
Existe evidencia de que la despenalización tiene efectos en el consumo y la adicción. Portugal es el ejemplo más citado en este tema.
En 2001 Portugal despenalizó el consumo y la posesión de drogas para enfrentar el tema como un asunto de salud pública. Se estima que en ese momento 1% de la población era adicta a heroína y tenía la tasa más alta de VIH en la Unión Europea. El problema era generalizado y no distinguía entre clases sociales.
Con esta medida, Portugal logró reducir el consumo de heroína de 100.000 consumidores en 2001 a 25.000 en 2018, según una investigación de The New York Times.
La tasa de mortalidad por drogas en Portugal es cuatro veces menor a la tasa europea, esto se debe a que un 90% del gasto para combatir las drogas en el país se destina a salud pública, dijo el doctor João Augusto Castel-Branco Goulão, coordinador nacional sobre la política de drogas en Portugal.
Sin embargo, el mismo doctor Goulão explicó en 2018 que despenalizar no es una solución mágica: “Si despenalizas y no haces nada más, las cosas empeorarán”.
En Portugal, quienes son detenidos con drogas son llevados a una comisión de disuasión donde un panel de tres especialistas evalúacaso por caso y ponen a la disposición de las personas servicios de rehabilitación y desintoxicación.
“La parte más importante era hacer el tratamiento disponible para todos los que lo necesitaran de manera gratuita. Ese era nuestro primer objetivo” dijo el doctor.
