Un sobreviviente de Mansión Seré plantea «negociar» con genocidas para dar con los desaparecidos

Claudio Tamburrini, sobreviviente del centro clandestino de detención, consideró que las penas que recibieron ayer los represores que actuaron en ese lugar en el juicio por los delitos de lesa humanidad son «rigurosas, pero justas» y planteó la necesidad de debatir sobre la posibilidad de «establecer una negociación penal con los genocidas» a fin de dar con los desaparecidos.

«Las penas que recibieron los acusados son rigurosas, pero justas. Pero creo que es tiempo de plantear un debate sobre el establecimiento de un proceso de negociación penal con los genocidas condenados para que brinden información sobre el destino final de los desaparecidos», señaló Tamburrini en diálogo con Télam.

En una charla telefónica que mantuvo desde Estocolmo, Suecia, donde reside desde 1980, el filósofo y ex jugador profesional de fútbol aclaró que «no se trataría de un perdón para los represores en aras de una reconciliación».

«Creo que el proceso de Memoria, Verdad y Justicia debe entrar en una nueva etapa. Tenemos que conocer qué pasó con los chicos nacidos en cautiverio y de qué forma se plasmó la complicidad civil con el terrorismo de Estado. Por eso, se podría reducir el monto de algunas penas si a cambio obtenemos datos concretos sobre estas cuestiones», explicó.

En ese sentido, Tamburrini insistió que no se trataría de iniciar «un proceso de reconciliación» como el que se llevó a cabo en Sudáfrica después del apartheid «ni tampoco una amnistía».

«Ningún genocida debe ser librado de su culpabilidad, al contrario. Lo que digo es que si les ofrecemos algún tipo de condonación podemos llegar incluso a quebrar el pacto de silencio que nos impide llegar a la verdad en muchos casos que aún desconocemos», fundamentó.

Tras 16 meses de debate, el Tribunal Oral en lo Criminal Penal 5 de San Martín condenó al ex brigadier Miguel Ángel Ossés a prisión perpetua en el juicio por los delitos de lesa humanidad que se cometieron en la subzona 16, que estaba a cargo de la Fuerza Aérea.

En tanto que los ex brigadieres Hipólito Mariani (jefe de la Subzona 16 entre 1976 y 1977) y César Miguel Comes, fueron condenados a 25 años de prisión, igual que los ex policías Daniel Alfredo Scali, Marcelo Eduardo Barberis, y Héctor Oscar Seisdedos.

Mientras que el ex comisario de la bonaerense Néstor Rubén Oubiña resultó sentenciado a 12 años de prisión y el ex policía Felipe Ramón Sosa, a 9.

Tamburrini era arquero del club Almagro y militante del Partido Comunista cuando un grupo de tareas integrado por efectivos de la Fuerza Aérea y la policía lo secuestró a fines de 1977.

Lo trasladaron a la Mansión Seré, desde donde, a pesar de los estrictos controles y vigilancia a que estaban sometidos los prisioneros alojados en la casona, logró fugarse el 24 de marzo de 1978, en coincidencia con el segundo aniversario del golpe militar.

Tamburrini, quien permaneció un tiempo en la clandestinidad y dejó Argentina para radicarse en Suecia, se fugó de Mansión Seré junto a Daniel Rusomano, Guillermo Fernández y Carlos García Muñoz, descolgándose desnudos y esposados desde una ventana del primer piso.

En el juicio que finalizó ayer, se analizaron los crímenes contra la humanidad cometidos en la subzona represiva 16, que se encontraba a cargo de la Fuerza Aérea y comprendía los partidos de Morón (en su antigua denominación) Merlo y Moreno.

Además, de los hechos ocurridos en Mansión Seré se investigaron los delitos perpetrados en los centros clandestinos ubicados en unidades de la aeronáutica y en varias comisarías de la zona.

El fiscal Martín Niklison, acusador en este juicio, destacó «la inclusión de los delitos sexuales en la imputación» que formuló ante el Tribunal.

Mansión Seré, construída en 1868, fue incendiada por los militares luego de la fuga de Tamburri y en 1985, ya en democracia, durante la gestión del intendente de Morón, Norberto García Silva, la entonces Municipalidad de Buenos Aires, cedió el predio mediante comodato por diez años a la de Morón, para que fuera destinado a levantar un centro deportivo y recreativo.

A partir de 2000, funciona allí la Casa de la Memoria y la Vida y la Dirección de Derechos Humanos, que se convirtió en el primer lugar en Latinoamérica de recuperación de la memoria histórica de un espacio que fue utilizado para la detención de presos políticos.