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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó otorgar medidas cautelares al detenido gobernador del departamento boliviano de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, como había pedido un grupo de legisladores de Creemos, según le informó al canciller Rogelio Mayta en una carta divulgada hoy.
“Tras haber analizado la información aportada por las partes al día de la fecha, la Comisión ha considerado oportuno no otorgar medidas cautelares y cerrar el expediente de la presente solicitud, al no cumplirse los requisitos del artículo 25 del Reglamento” -señala la nota, fechada el 28 de julio- que indica que las medidas cautelares se aplican en “caso de gravedad y urgencia” y “para evitar daños irreparables a las personas”.
La solicitud de medidas cautelares con relación a la situación de Camacho había sido presentada por la senadora Centa Rek López y otros pares de bancada, después del arresto del mandatario el 28 de diciembre de 2022.
Los legisladores de Creemos alegaron “desconocimiento de su situación durante las primeras horas de detención” y que hubo “violencia durante la misma, así como presuntas torturas o tratos crueles, y falta de atención médica”.
En cumplimiento del artículo 25 del Reglamento de la CIDH, el órgano solicitó al Gobierno boliviano, el 4 de enero de 2023, la “información que considere oportuna sobre el caso”.
Se solicitó informar sobre las condiciones de detención de Camacho, su estado de salud y las atenciones médicas que estaría recibiendo; sobre la autoridad que habría practicado la detención; la autoridad que emitió la orden y la fundamentación para la aprehensión.
Además, se requirió “informar sobre el lugar o lugares a los que fue trasladado el señor Camacho con posterioridad a su detención”, las “medidas adoptadas para garantizar el acceso y su defensa técnica a dependencias del sistema de justicia para la interposición de recursos y presentación de acciones constitucionales respecto de su detención y las circunstancias en que se encontraría”.
El gobierno nacional respondió el 13 de enero.
Tras ello, la CIDH concluyó que la solicitud no cumplió “los requisitos del artículo 25 del Reglamento”, que refiere que las medidas cautelares se aplican en “caso de gravedad y urgencia” y “para evitar daños irreparables a las personas”.
En la carta, firmada por Fernanda dos Anjos por autorización de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, se apunta que el órgano de la OEA “continuará el monitoreo de la situación por la Relatoría de País”, consignó la estatal agencia ABI.
