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Dos dirigentes sociales fueron sentenciados hoy por un juzgado contravencional de Jujuy a pagar multas que alcanzan los 2.640.000 de pesos por participar de las protestas contra la aprobación de la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gerardo Morales, informaron hoy abogados defensores.
Se trata de Miguel Ramos, integrante de la Asamblea Trabajo y Dignidad (ATD), y Leonardo Rosales, del Movimiento Rebelión Popular (MRP), quienes se encontraban manifestando el pasado 20 de junio en inmediaciones a la Legislatura provincial.
La sentencia fue dictada en el marco del código contravencional que rige en la provincia de Jujuy, por el cual diversos sectores gremiales, sociales y políticos presentaron días atrás un recurso de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia provincial.
Los abogados defensores de los dirigentes sociales adelantaron que se apelará la resolución luego de conocer los fundamentos que esgrime el órgano creado por el gobernador Gerardo Morales.
Las acusaciones de faltas se enmarcan en las protestas que se desataron en inmediaciones de la Legislatura provincial luego de la jura del texto normativo jujeño el pasado 20 de junio, la cual culminó con más de cuatro horas de hechos represivos.
«Salimos de un juicio contravencional de una causa armada como ya nos tiene acostumbrado este Gobierno de Gerardo donde se nos impuso una multa como sentencia de 2.640.000 pesos», denunció Miguel Ramos tras ser notificado de tal resolución.
El dirigente social e integrante de la Biblioteca Niños Pájaros que desarrolla actividades educativas y culturales en el barrio Alto Comedero de la capital jujeña, refirió que es el «segundo juicio que recibimos integrantes de nuestra organización».
«Este es el Gobierno en Jujuy más perverso y el que ha trabajado sistemáticamente la persecución perversa que nos hacen», expresó y advirtió que las deudas millonarias «es algo impagable para cualquier trabajador».
«Por más que la multa haya sido de mil pesos, tampoco tendríamos que pagarla puesto que estaríamos admitiendo que protestar es un delito», manifestó Ramos para luego defender «la protesta social y el hecho de pensar diferente».
Por su parte el abogado, Luis Paz, quien comparte la defensa con un grupo profesionales, detalló que trabajan sobre «un centenar de contravencionales, además de una serie de causas penales que impulsó el Gobierno jujeño a los efectos de disciplinar a la población».
«Las causas contravencionales las utiliza Gerardo Morales para disciplinar a los trabajadores y personas que no están de acuerdo con su forma de hacer política y que no está de acuerdo con la reforma constitucional provincial en la que no se sometió al escarnio público la discusión y las consecuencias son estas», señaló.
Sobre ese punto, adelantó que se apelará la resolución contravencional, «no le vamos a dar ni un peso más a Morales», sostuvo Paz sobre la decisión de los dirigentes sociales de no acatar la medida considerada «un atropello sobre los derechos».
