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El gobierno nacional le ordenó formalmente a la Fundación María de los Ángeles, creada y encabezada por Susana Trimarco, que desocupe y restituya dos predios estatales que el Estado le había cedido en comodato durante la gestión anterior.
El primero es un inmueble propiedad del Estado nacional de 50.500 m2, que cuenta con una superficie cubierta de 6.150 m2 y un espacio semicubierto de 800 m2, ubicado en San Miguel de Tucumán, que había sido cedido a la Fundación de Trimarco para que se pusiera en funcionamiento un Centro de Desarrollo Materno Infantil.
El presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Ramón Lanús, argumentó que «se decidió revocar el acuerdo porque la contraparte no cumplía ninguna de las condiciones que se habían establecido: en algún caso ni siquiera estaba presentado un plan de obras».
La resolución dice: «Intímase a la Fundación María de los Ángeles a la desocupación y restitución del inmueble en el término de 10 días, a contar desde la notificación de la presente, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes».
Pasa lo mismo con un espacio de 68.200 m2 , también propiedad del Estado nacional, que está ubicado en la localidad de Las Talitas, en el departamento tucumano de Tafí Viejo, que había sido otorgado en comodato a 30 años a la Fundación para el desarrollo de un conjunto de viviendas sociales que serían destinadas a las víctimas de la trata de personas rescatadas y sus familias.
«No tiene sentido construir viviendas sobre un comodato», analizó Lanús al ser consultado sobre este caso. «¿Qué pasa con las viviendas cuando se vence el acuerdo? Esto parece más una oportunidad para generar un negocio inmobiliario que un plan para dar una solución habitacional», sentenció.
Las obras comprometidas llevan nueve meses de retraso, lo que para la Agencia de Administración de Bienes del Estado es suficiente para «recuperar la disponibilidad del inmueble otorgado».
Las resoluciones oficiales que reclaman la devolución de los predios se fiundamentan en una «decisión política del Poder Ejecutivo Nacional de hacer prevalecer el proceso de conservación del patrimonio inmobiliario estatal y la racionalización del espacio físico del mismo, con vista a su mejor aprovechamiento y utilización».
Lanús adelantó que ya evalúan qué uso darles a esos predios: «En general trabajamos muy de la mano de las intendencias para saber cuáles son las necesidades de cada distrito». «Aún no lo decidimos, pero estamos trabajando para definir qué vamos a hacer tanto en esos terrenos como en otros que le pertenecen al Estado», finalizó.
