Trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar paran por 96 horas

Los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar, que depende del Ministerio de Agroindustria, profundizan sus medidas de fuerzas ante los más de 250 despidos. El paro es por 96 horas en reclamo de la reincorporación de los cesanteados e incluye una marcha en la Capital Federal. En Jujuy son 13 los despedidos, tras haberse logrado la reincorporación de otros 12, y denuncian que continúa el hostigamiento hacia las delegadas gremiales.

Natalia Morales, delegada de la SAF Jujuy, encabeza la delegación que viajó desde la provincia hasta Buenos Aires para participar de la movilización. En diálogo con El Submarino Radio, afirmó: “Vemos con preocupación que luego de cuatro meses de conflicto no se haya revertido de manera estructural la situación”, y advirtió que “tras los despidos está el inminente cierre de la Secretaría, con un achicamiento en el presupuesto para trabajar y la tercerización de las tareas de los trabajadores del estado con ONG o con sectores privados”.

Sobre la situación en Jujuy, precisó que son 13 los trabajadores que siguen despedidos, y reforzó las denuncias de hostigamiento hacia las delegadas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

En un comunicado, señalan: “Desde el mes de febrero venimos enfrentando los despidos masivos e ilegales y hasta el día de la fecha no tuvimos respuestas favorables para revertir tal situación”, y advierten que el ministro Buryaile “ha reafirmado la decisión de achicar la planta de trabajadores sin importar la función y tarea realizada o la antigüedad, pretendiendo responsabilizar a los trabajadores de lo que hizo o no hizo la gestión anterior”.

También denuncian una vez más los avances de los funcionarios del área contra delegadas, a activistas e integrantes de ATE, “pretendiendo disciplinar y amedrentar al resto de los trabajadores que se organizan y pelean por sus derechos”.

Señalan además que “no es casual que los despidos masivos empiecen por las dependencias que tienen una función social vinculada al sector más empobrecido y castigado del campo, como son los agricultores familiares, ya que es parte de la política de desfinanciamiento y desgüace que venimos denunciando hace años y que ahora se profundiza con el gobierno de Macri”.

“Mientras tanto –continúan- giran millones y beneficios a los grandes sectores empresariales que siguen haciendo negocios de la mano del estado y sus gobernantes”.