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La familia de Miguel Ángel Coria, el odontólogo y profesor de zumba asesinado el pasado 25 de abril en la ciudad boliviana de Tarija, encabezó una conferencia de prensa para exigir que el caso sea juzgado bajo la carátula de crimen de odio.
Acompañados por sus abogados, los allegados de la víctima brindaron detalles sobre el brutal ataque y el avance de la causa judicial que conmociona tanto a la comunidad local como a la de Jujuy.
El abogado Rudy Casas, quien representa a la querella en Bolivia, sostuvo que la orientación sexual de la víctima fue el detonante de la violencia ejercida por el agresor.
Según la investigación, el ataque se produjo cuando ambos se dirigían a un domicilio particular; tras un supuesto intento de acercamiento afectivo por parte de Coria, el acusado reaccionó de manera salvaje, persiguiéndolo y golpeándolo hasta causarle una fractura de cráneo y la muerte.
La querella destacó que el imputado, que actualmente cumple prisión preventiva, posee un extenso historial delictivo que incluye al menos diecinueve denuncias por violencia y dos condenas previas que no se tradujeron en prisión efectiva.
Los representantes legales enfatizaron que el delito de asesinato en Bolivia contempla una pena máxima de 30 años de cárcel sin posibilidad de indulto, sentencia que buscarán alcanzar ante la gravedad del hecho.
Gabriela Coria, hermana de Miguel, expresó el profundo dolor de la familia y alertó sobre el posible uso de influencia económica por parte del detenido para eludir la justicia.
Durante su relato, agradeció el acompañamiento de la comunidad de zumba, de los colectivos de la diversidad y el respaldo institucional recibido en la Legislatura de Jujuy, donde representantes de distintos sectores políticos se solidarizaron con el reclamo.
El caso ha generado una fuerte movilización social, destacando el perfil de Coria como un profesional muy apreciado en ambos lados de la frontera.
Sus familiares aseguran que continuarán con las acciones de visibilización para evitar que los antecedentes de violencia del agresor vuelvan a ser ignorados por el sistema judicial y para que la sentencia sea ejemplar frente a un acto motivado por la discriminación.
