Rechazo en Jujuy y Salta por la derogación de las barreras sanitarias para la banana

El Gobierno de Jujuy y de Salta, junto a productores de ambas provincias, expresaron su fuerte rechazo a la resolución 114/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. La medida derogó la normativa 99/94, que desde hace más de tres décadas prohibía el ingreso de bananas importadas desde países con plagas cuarentenarias a las zonas productoras del norte argentino.

La decisión nacional, impulsada bajo la premisa de simplificación normativa y desregulación económica de la Ley de Bases, se tomó sin consulta previa a las autoridades provinciales ni a las entidades del sector. Esta situación encendió los reclamos por el riesgo sanitario que implica para los cultivos locales y la falta de consideración hacia las economías regionales.

La postura de Jujuy y los reclamos del sector

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, emitió un comunicado respaldando el pedido de los productores para que se revise la resolución. Sadir sostuvo que no se trata de una medida para proteger mercados de manera artificial, sino de cuidar una actividad que genera miles de puestos de trabajo, desarrollo y arraigo en la región. El mandatario provincial exigió que la Nación restituya los mecanismos de resguardo sanitario para evitar consecuencias irreversibles en el entramado productivo jujeño.

Desde los sectores productivos de Jujuy y Salta, la Federación Agraria Argentina y representantes de áreas bananeras advirtieron que no descartan medidas de fuerza. A la preocupación por los riesgos fitosanitarios se suma la imposibilidad de competir en costos con la banana de importación proveniente de Bolivia y Paraguay, países que cuentan con esquemas impositivos y laborales diferentes. Según estimaciones del sector, la actividad bananera en la región genera alrededor de 6 mil empleos directos y una cantidad similar de forma indirecta.

Alerta fitosanitaria en Salta por la Sigatoka negra y el mal de Panamá

Por su parte, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, cuestionó la disposición al señalar que la eliminación de los controles expone a miles de hectáreas de cultivo a enfermedades devastadoras. Sáenz remarcó que la entrada de la Sigatoka negra o del hongo Fusarium raza 4, conocido como el mal de Panamá, puede dejar las tierras improductivas por hasta 30 años. Asimismo, reclamó al Gobierno central que consulte a los estados provinciales antes de tomar decisiones de esta índole.

En la misma línea, el secretario de Desarrollo Agropecuario salteño, Diego Dorigato, confirmó que solicitaron una reunión técnica urgente con la Secretaría de Agricultura de la Nación y el SENASA para pedir explicaciones. Dorigato advirtió además sobre la vulnerabilidad de las fronteras en el norte y el impacto negativo que tendría un brote sobre las inversiones en tecnología e infraestructura que el sector venía desarrollando.

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