A 40 años del Apagón del Ingenio Ledesma todavía se reclama justicia

Por Mara Puntano, CopeNoa. Entre los días 22 al 27 de julio de 1976 , durante la dictadura militar argentina autodenominada Proceso de Reorganización Nacional se produjo el Apagón del Ingenio Ledesma situado en Libertador General San Martín y Calilegua , provincia de Jujuy , durante el cual personal de Gendarmeria Nacional Argentina contando con camionetas del ingenio Ledesma― secuestran a 400 personas, la mayoría trabajadores del ingenio y asesinan a 70 de ellos.

Entre ellos se encontraba Luis Ramón Arédez Sagues cuyo Legajo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) N° 3376 contiene el testimonio de su esposa, Olga del Valle Márquez de Arédez, y de sus hijos Teresa Adriana, Luis Ramón, y Ricardo Ariel Arédez que expresamente declaran:

“ Mi esposo Luis Ramón Arédez Sagues, nacido el 22-11-1929 en Ingenio La Corona, Tucumán, Argentina, que se identifica con el Documento Nacional de Identidad número 6.976.179, ha desaparecido el día 13 de mayo de 1977, aproximadamente a las 12 horas en la ruta nacional 34, en el trayecto que une la localidad de Fraile Pintado con Libertador General San Martín, del Departamento de Ledesma, en la Provincia de Jujuy. Regresaba a nuestro hogar después de haber prestado servicios médicos en el Hospital “Escolástico Zegada” de la localidad de Fraile Pintado. Su desaparición fue conjuntamente con su automóvil marca Chevrolet modelo 1973 y matrícula Y 017361. Dos testigos vieron a mi esposo por última vez: un vecino, Almanzor Gómez, domiciliado en calle Victoria número 535, que en su declaración testimonial – documentación que se presenta, adjunta a la hecha por mi hijo Ricardo Ariel Arédez Márquez, en el Consulado de España en Buenos Aires, el veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y ocho, dicha presentación fue realizada ante el Señor Cónsul de España Don José Ricardo Gómez Acebo Rodríguez Spiteri, y lleva el número trescientos cuarenta y ocho, dice que la última vez que lo vió fue el día 12 de mayo de 1977, cuando mi esposo Luis, me llevó a la terminal de ómnibus; el otro testigo, el doctor Mario Georgakis también testimonió – documentación presentada ante el Consulado Español en Buenos Aires, y declaró que vió a mi esposo por última vez el 13 de mayo de 1977, después de salir de trabajar del Hospital de Fraile Pintado, donde eran compañeros de trabajo, almorzaron, y luego de allí cada uno tomó el rumbo correspondiente con destino a la ciudad de Libertador General San Martín, lugar al cual no llegó ni él ni el automóvil que conducía. Hago notar que el automóvil me fue entregado por la Policía Federal Argentina de la Ciudad de Buenos Aires, Seccional 19.

En esa oportunidad se manifestó que el automóvil fue encontrado abandonado en la vía pública- el hallazgo del auto ocurrió en Octubre de 1977 y la entrega del vehículo se operó en Marzo de 1978.

El día 15 de enero de 1976, previo a la detención de mi esposo, en la casa que tenemos en la Villa veraniega de Tilcara en la provincia de Jujuy, 40 ó 50 personas, vestidas con uniformes pertenecientes al Ejercito Argentino se presentaron a nuestra casa, en ese entonces con gran cantidad de invitados, los miembros del Ejercito procedieron a allanarla , sin presentar orden judicial (los uniformados con fusiles FAL actuaron sin violencia), entraron a la casa y revisaron todo, aludiendo que había habido denuncias por haber visto personas extrañas en la zona.

Notamos siempre que nuestro domicilio era vigilado por personas desde las esquinas de nuestra cuadra, también sin consulta previa en un momento determinado, entran dos personas por la mañana a mi domicilio, mi esposo y yo nos encontrábamos trabajando fuera de nuestro domicilio, entraron como decía a cambiar nuestro teléfono, esto lo vió mi hijo Ricardo.

En la madrugada del 24 de marzo de 1976, mi esposo Luis sale a atender el timbre que es tocado con gran insistencia, pensábamos que era uno de esos pacientes que necesitaba urgente atención, se demora un momento y llega muy asustado a decirme que lo venían a buscar, para llevarlo detenido, me dijo que no saliera, pero que una vez que ellos se hubieran ido empezase a avisar a los vecinos y llamase a nuestros abogados en la capital, San Salvador de Jujuy. Lo hice como me indicó, pero el resultado fue infructuoso, pues éstos me respondieron que por el momento nada podían hacer pues toda persona que defendía a algún detenido podía correr su misma suerte. Mi hijo Ricardo vió desde su ventana del dormitorio, cómo su padre era cargado por una acción conjunta de la policía de la provincia y la gendarmería nacional, la cual, y siendo una fuerza militar creada en su origen para combatir el contrabando en las fronteras, está establecida desde hace varias decenas de años dentro del territorio de la empresa privada conocida como Ingenio Ledesma. Mi marido fue cargado en la parte trasera de una camioneta con el logotipo de la Empresa Ledesma impreso en las puertas de dicho vehículo. La camioneta era conducida por un empleado de la propia empresa.

Luis permanece desaparecido durante un mes y medio, luego nos enteramos de que lo tuvieron en el Campo Clandestino de Detención de la localidad de Guerrero, luego que fue trasladado al servicio penitenciario de Villa Gorriti en San Salvador de Jujuy.

Tras su detención, y ante el inmovilismo de nuestros abogados, solicité una entrevista con el Doctor Carlos Barcena, en ese momento nombrado Ministro de Salud Pública del gobierno militar de la provincia de Jujuy. Dicho Ministro nos transmitió que él había sido informado de que, debido a la actividad política y gremial llevada a cabo por un determinado grupo de personas en nuestra zona, el gobierno había decido erradicar a dichos activistas sociales, activistas a los cuales estaba vinculado mi esposo debido a su cargo de asesor médico de la obra social del sindicato de obreros del azúcar y del papel del Ingenio Ledesma. Me dijo que mi marido continuaría preso por un periodo no inferior a diez años, periodo que el gobierno militar estimaba necesario para acabar con toda esta actividad política y gremial mencionada.

Posteriormente me entrevisté con el Administrador del Ingenio Ledesma, el Ingeniero Alberto Lemos. Él admitió que la Empresa había puesto sus móviles a disposición de la acción conjunta llevada a cabo por las fuerzas armadas, en sus palabras, “para limpiar al país de indeseables”. También aseguró que mi esposo, debido a su actividad como asesor médico de los obreros, había resultado muy perjudicial para los intereses económicos de la empresa Ledesma. Aprovecharon asimismo que, a causa de haber sido elegido intendente municipal durante el gobierno constitucional surgido en el año 1973 y, haciendo uso de su cargo y, mediante ordenanza municipal, incorporó al ejido municipal las fábricas y las colonias de trabajadores quedando, de esta manera, obligada la empresa a pagar impuestos al municipio, circunstancia de la que la empresa había estado eximida hasta la fecha mencionada.

En el mes de Julio se producen en nuestro pueblo de Libertador General San Martín y, en otra localidad vecina, cortes nocturnos de suministro de energía eléctrica, conocidos popularmente como “apagones”, a partir de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana del siguiente día. Según relato de los habitantes, el primero de los apagones se produjo en Calilegua, localidad a diez kilómetros del Ingenio Ledesma, 20 de Julio de 1976. El segundo de ellos, tal y como está publicado en el libro “Nunca más” de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP), páginas 217-218-262-263-447, quinta edición, Editorial Eudeba (1999), tuvo lugar el 27 de Julio de 1976. En el transcurso de estos apagones fueron detenidos jóvenes estudiantes secundarios y universitarios, maestros, profesores, amas de casa, sindicalistas, siempre con la colaboración del parque móvil de la Empresa Ledesma.

Los detenidos en las Noches de los Apagones fueron a parar, en primera instancia, a los campos de concentración clandestinos de detenidos, ubicados, según relato de sobrevivientes, algunos en el mismo pueblo de Libertador General San Martín, a orillas del río San Lorenzo, otros en la escuela primaria “Provincia de Tucumán” del mismo pueblo, ubicada frente a la seccional 11 de la policía de la provincia, a cargo entonces del comisario inspector Alfaro y del mayor del ejército Luis Donato Arenas. Desde esa fecha dicho militar controló la represión en el departamento de Ledesma. También se utilizó como centro clandestino para los mismos fines la sede del escuadrón 20 de gendarmería nacional, ubicado dentro del predio de la Empresa Ledesma, en la actualidad llamado Barrio Ledesma.

Tras el paso por estos centros clandestinos, donde los detenidos eran torturados con golpes y descargas eléctricas, siempre según testimonio de los sobrevivientes, las víctimas eran trasladadas al centro clandestino de Guerrero, cercano a la ciudad de San Salvador de Jujuy. Este centro estaba ubicado en una zona montañosa aislada de cualquier punto de población civil. Allí se llevaba a cabo nuevas sesiones de torturas, tal y como relatan los prisioneros sobrevivientes en el libro “Nunca Más” (Págs. X). , con la presencia de autoridades militares y policiales, además de la del obispo José Miguel Medina, el cual, tal y como se menciona en el citado libro, presenció varias de estas sesiones de torturas. Estos hechos eran seguidos de sesiones de interrogatorios y de diversos careos con el fin de confrontar las declaraciones de los detenidos entre sí.

Aproximadamente un mes después los detenidos eran conducidos a la Cárcel de Villa Gorriti en la ciudad de San Salvador de Jujuy, donde semanalmente sus familiares, y sin que nunca se nos permitiese verlos, podíamos hacerles llegar ropa y alimentos una vez por semana. La cárcel de Villa Gorriti estaba dirigida en ese momento por el teniente Vargas.

Mi esposo estuvo detenido durante siete meses en la cárcel de Villar Gorriti y, posteriormente, fue trasladado, junto con el resto de los detenidos de la provincia de Jujuy, a la unidad 9 de La Plata, provincia de Buenos Aires, fueron trasladados en aviones HERCULES de la Fuerza Aérea Argentina, durante el vuelo, fueron brutalmente torturados, hombres y mujeres. Allí, tras cinco meses más de detención, fue liberado el 5 de marzo de 1977, con otros presos más de la localidad de Ledesma. Fue puesto en libertad sin documentación alguna, circunstancia ilegal para cualquier ciudadano durante la dictadura militar, y consiguió, cinco días después, llegar a nuestro domicilio camuflado en un tren de mercancías. El estado físico de deterioro era visible y altamente preocupante.

Al carecer de documentación, lo acompañé a la seccional de policía para conseguir una constancia de identidad, ante el hecho de haber sido retenidos sus documentos en la cárcel mencionada. Obtenida dicha constancia, previa al trámite de un nuevo documento, nos dirigimos a San Salvador de Jujuy para averiguar en qué términos se encontraba su situación laboral, habida cuenta que durante dieciséis años había trabajado como médico pediatra en el Hospital de Fraile Pintado. En el ministerio de Salud Pública de dicha capital, le comunican que puede regresar a su trabajo, pues su cargo había permanecido vacante, por orden militar, hasta su liberación.

Su lugar de trabajo distaba a quince kilómetros de nuestro domicilio, recorrido que hacía en su propio vehículo de lunes a viernes por la mañana, y algunos sábados en los que le correspondía hacer guardia. Por las tardes reinició su actividad médica privada en su consultorio particular. Las visitas de numerosos pacientes, amigos y vecinos al consultorio comenzaron a ser habituales. Asimismo me percaté de que la vigilancia hacia nuestra casa era permanente, ya fuera por parte de la policía o de alguno de nuestros vecinos vinculados por razones de trabajo a la empresa Ledesma. En más de una ocasión pude ver a alguna persona del vecindario pernoctando en el interior de su propio vehículo, estacionado en las cercanías de nuestro domicilio. Temerosa ante estos hechos, intenté hacer ver a mi esposo el peligro que podía encerrar tanta afluencia de gente en casa, pero él hizo caso omiso de mi parecer aduciendo que, tras su paso por prisión, le había sido entregado un documento en el que se decía que el ciudadano Luis Arédez había sido puesto en libertad por no haber motivo alguno para su proceso y detención.

Tras su liberación él siempre intentaba, para sus desplazamientos profesionales matinales, ir siempre acompañado de alguien que trabajase en la localidad donde desempeñaba su tarea. Esto es lo que me hace, al día de hoy, pensar que aunque él me dijese que nada tenía que temer, sin embargo sospechaba que cualquier cosa perjudicial para su persona podía ocurrirle en le momento menos pensado. Sin embargo, nunca pensó en abandonar el país, pues consideraba que yéndose él, y dejando a los suyos en el país, éstos podían convertirse en unos rehenes de cara al gobierno. No mucho más de dos meses después de su liberación, el viernes 13 de mayo debía volver a casa tras su jornada laboral en el hospital, pero no regresó, tal y como era lo esperado.

Tampoco lo hizo el sábado, ni el domingo, ni el lunes, que fue cuando yo me pude constatar de su desaparición, pues ésta se produjo dentro de un marco de circunstancias familiares que me habían obligado a viajar fuera de nuestro pueblo para atender a una de mis hijas repentinamente enferma, y a pesar de no haber podido establecer contacto telefónico con él durante el fin de semana, no achaqué este hecho a un secuestro o detención en la vía pública hasta el momento en que regresé de nuevo a nuestra casa, en la madrugada del lunes 16 de mayo.

Ese 13 de mayo al mediodía no llega a nuestro hogar y los vecinos que le esperaban, se extrañaron que el no llegara, así pasó el fin de semana, con mi hijo Ricardo, llegamos el lunes 16 de mayo a nuestro hogar y notamos que estaba su ropa que tenía que ponerse para viajar a Tilcara.

Posteriormente, e intentando recabar alguna información sobre si alguien lo había visto durante esos días, averigüé que uno de nuestros vecinos, Santiago Roldán quien, junto con otro vecino de la localidad, de apellido Núñez, lo vieron, desde su camioneta, el día sábado, 14 de mayo, a la altura del puente de Pálpala, en la ruta que mi esposo hacía habitualmente para trabajar, ruta interprovincial 34, y se extrañó de que, aun saludándolo, éste, mi marido, no contestase a su saludo. Santiago Roldán aseguró que mi esposo no viajaba solo, sino que con él iban tres personas: una en el asiento del copiloto, y dos en el de atrás. Mi esposo, según palabras de Roldán y Núñez, conducía el vehículo.

La Doctora Perla Chocobar, odontóloga en el hospital de Fraile Pintado, lo despidió el 13 d mayo a las 11.30 hs. en la puerta del hospital. Mi marido tenía que regresar a Libertador General San Martín a almorzar en la casa de sus vecinos Almanzor y Carmen Gomez.

Ya sabíamos de la existencia de los secuestros y desapariciones, comienza unas etapas llena de incertidumbres y preguntas sin respuesta en nuestras vidas.

Hacemos la denuncia en la seccional 11 de policía, junto al matrimonio Gomez, que declaran en esa denuncia. Luego me traslado al destacamento de Gendarmería Nacional de la Empresa Ledesma, siempre acompañada por el matrimonio Gomez y me entrevisto con el Alférez de Gendarmería Mario Patané, quien desconoce el paradero de mi marido pero, que según informaciones recibidas por algunos subalternos, me dijo que mi marido había sido visto conduciendo su auto, y en compañía mujer rubia, en dirección norte, rumbo a la frontera de Argentina con Bolivia.

Tras el desconcierto inicial por la información vertida por el Alférez Mario Patané, enseguida supuse que se podía tratar de una información perfectamente falsa y premeditada, e interpuse un recurso de Habeas Corpus ante la justicia. Agregué también denuncias a la Policía Federal con asiento en la ciudad de San Salvador de Jujuy y al Regimiento de Infantería de Montaña nº 20(R.I.M 20), sito también en la ciudad capital de la provincia. Tras el regreso a mi domicilio tras interponer el Habeas Corpus, me encontré con mi casa llena de gente, pues había corrido el rumor por el pueblo de que mi marido había sido hallado muerto con un tiro en la cabeza en el camino a la localidad vecina de Valle Grande, distante de nuestro pueblo a unos cuatro kilómetros, en un paraje conocido como Aguas Negras. Inmediatamente me dirigí a la seccional 11 de policía de la provincia a hacer la denuncia del rumor. En la seccional, a cargo del comisario Burgos Araoz, actualmente retirado del cuerpo, pero vinculado a la intendencia de la Villa Veraniega de Tilcara, provincia de Jujuy, en calidad de asesor, me respondieron que había sido enviada ya una comisión de policías a la zona para esclarecer los fundamentos de tal rumor y que los resultados habían sido negativos. Añadieron que cualquier información posterior a estos hechos sería puesta en mi conocimiento con la mayor brevedad.

El 20 de mayo de 1977, viajo con mi hija Adriana y un vecino, de apellido Oris, que se presta a acompañarnos, a San Salvador de Jujuy, para comenzar a hacer averiguaciones sobre la desaparición de mi esposo. Durante el viaje el señor Oris afirmó que, en varias ocasiones, había advertido a mi marido que desde hacía tres años las fuerzas de seguridad vigilaban cada uno de sus movimientos. Posteriormente, tras el paso de los años, nos enteraríamos que este señor Oris no era sino un confidente de las fuerzas de seguridad del gobierno militar.

En ese mismo día realizo mi primera entrevista en el Regimiento de Infantería 20 “Cazadores de los Andes”. Dentro del regimiento estaba la oficina de Inteligencia, donde hablé con el Teniente Bulgheroni, quien me dijo, textualmente: “esto que usted cuenta sobre la desaparición de su esposo es una jugada de los Montoneros, para desprestigiar y comprometer al Ejercito. Tiene que ser cosa de los Montoneros y los Guerrilleros”. Luego, para mi supuesta tranquilidad, dijo que llamaría al Comando Radioeléctrico, dependiente de la Jefatura de la Policía de la Provincia. Este comando era el encargado, en tiempos de la dictadura militar, del control de rutas y caminos de la provincia.

Llamó al Comisario Ernesto Haig para hacer averiguaciones al respecto. Con el tiempo, y por testimonios de sobrevivientes, sabíamos que Ernesto Haig era uno de los máximos torturadores en nuestra provincia de toda esta época represiva. Ernesto Haig comunicó al Teniente Bulgheroni que no sabía nada sobre la suerte corrida por mi marido.

A principios de junio de este mismo año, 1977, me entrevisto con el Mayor Luis Donato Arenas, Jefe de Policía y Ministro de gobierno en ese momento. Dicho militar, ocupó la intendencia de Libertador General San Martín, desde el día del golpe de estado, el 24 de marzo de 1976. En su oficina de la casa de gobierno fui recibida después de una larga espera y tenaz insistencia por mi parte. Contestó que era la primera noticia que tenía sobre la desaparición de Arédez y que llevaría a cabo las pertinentes averiguaciones.

El 13 de junio de 1977, cuando se produce un mes de la desaparición de mi esposo, después de regresar de una misa para pedir por su aparición, tocan el timbre a las 11 de la noche, atiende mi hijo Ricardo, y cuando intenta avisarme, el domicilio es invadido por un gran número de soldados uniformados del Ejercito Argentino (alrededor de 30), al mando de un empleado de la Empresa Ledesma, Juan de la Cruz Kairuz, quien también desempeñaba la actividad de entrenador del equipo de fútbol de la Empresa Ledesma, Club Atlético Ledesma. Kairuz, iba vestido de civil e impartía ordenes al los uniformados de ese allanamiento y, nuevamente, sin ninguna orden judicial se llevaron de nuestro domicilio muchos documentos y libros. Se desata una gran campaña contra nuestra familia de amenazas, llamadas telefónicas anónimas a cualquier hora invitándonos violentamente a abandonar el pueblo, o de lo contrario nuestras vidas corrían peligro, (los comentarios textuales venían a ser del tipo: “váyanse de este pueblo hijos de puta o los vamos a liquidar”). Además nos percatamos de la vigilancia de nuestro domicilio a toda hora y sin ninguna discreción.

A los 6 meses del secuestro de Luis, mi marido, el oficial Salas de la Seccional de Policía 11 de Libertador General San Martín, me llevó un radiograma que venía desde la ciudad de Buenos Aires de la Seccional 19 de la Policía Federal donde me informaban de la aparición de un auto abandonado, que respondía a la denuncia sobre la desaparición también de ese auto. En mayo de 1978 un día sábado pasado el mediodía, tocan el timbre, sale a atender mi hijo Ricardo, ve a tres hombres vestidos de traje y altos, con bigotes y lentes oscuros, también ve tres autos Ford Falcon, con antenas de comunicación, piden hablar conmigo.

Salgo a la sala de espera de mi casa y los invito a pasar, pero ellos se niegan e insisten en que salga a la acera. En ese momento aparece nuevamente mi hijo con nuestro perro guardián, de raza Bóxer, y aparentemente asustados ante los ladridos amenazantes del perro dijeron que se marchaban y que más tarde volverían. Un gran número de vecinos salió a la calle para ver lo que ocurría. Tales hombres no volvieron por nuestra casa.

En agosto de 1977, el abogado Jesús Armando Baigorria, quien vivía en nuestra ciudad, fue secuestrado y más adelante liberado. En su secuestro intervino el Teniente Bulgeroni y, mientras lo torturaban, estando Baigorria con los ojos vendados, le dijeron: ”Si no hablas, te va a pasar lo mismo que a Arédez”. (Esta información nos fue dada por el mismo Baigorria, cuando salió en libertad)

A comienzos del año 1979 nos reunimos en la ciudad de San Miguel de Tucumán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la O.E.A (Organización de Estados Americanos), para realizar la denuncia de la desaparición de nuestros familiares. Nos juntamos centenares de familiares de todo el noroeste argentino. En el hotel donde se recepcionaba las denuncias, Hotel Versalles, estaba también alojado, sorpresivamente, junto a su mujer el Director de Relaciones Públicas de la Empresa Ledesma, el señor Mario Paz, muy temido por los demás familiares, quienes venían a denunciar las detenciones y desapariciones producidas en Ledesma. Mario Paz se apostó en un sillón a la entrada del hotel, y cuando accedíamos a presentar las denuncias, nos topábamos, inevitablemente, con su figura. Por este motivo algunos familiares, que tenían sus otros hijos empleados en la Empresa Ledesma, no pudieron hacer sus denuncias de una manera personal. Las tuvimos que llevar por ellos los otros denunciantes, no vinculados laboralmente a la empresa, y entregarlas en su lugar. El mencionado Mario Paz no se movió ni un instante de su sitio durante nuestra presentación.

El 14 de marzo de 1979 me presente ante el Juez Federal de la ciudad de San Salvador de Jujuy e interpuse uno de los tantos Recursos de Habeas Corpus que habíamos ya interpuesto, pero ya con el antecedente de la aparición del auto de mi esposo. Con ello pretendía que dicho Juez Federal investigase si mi esposo estuvo detenido en alguna cárcel del país y, en caso afirmativo, ordenase su inmediata libertad, por cuanto no se le imputaba ningún hecho delictuoso.

Hago notar que, cuando mi esposo desaparece, ninguna policía caminera ni control del Ejercito o Fuerzas Conjuntas, que cubrían a lo largo y ancho del país, en esa época, no registró nunca el paso del auto, que luego de una manera misteriosa aparece a casi 2.000 km. del lugar del secuestro, en la ciudad de Buenos Aires – , la respuesta del Habeas Corpus fue lo esperado de la justicia de mi país en esa época, nula e ineficiente.

En el año 1984 a raíz de la investigación de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), creada en el gobierno del Dr. Alfonsín, supimos que existe un testimonio de un detenido que estuvo en el campo de concentración de la provincia de Jujuy, en la localidad de Guerrero (actualmente es Escuela de Policía de la Provincia de Jujuy). En dicho testimonio, se afirma que entre los detenidos del Campo de Guerrero se encontraba, muy torturado, el Dr. Luis Ramón Arédez, mi esposo. En este campo de concentración se sabe que también hay fosas comunes donde habría cuerpos arrojados de desaparecidos de esas épocas. Asimismo ocurre con los cementerios de Yala y Barcena, ambos situados en el camino que va a la quebrada de Humahuaca, en la provincia de Jujuy.”

Lo que resolvió la justicia

El 23 de agosto de 2013 la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, en la causa “Aredez, Luis Ramón, Omar Claudio Gainza y Carlos Alberto Melián “ confirmó el procesamiento del empresario Carlos Pedro Tadeo Blaquier , propietario del Ingenio azucarero Ledesma como partícipe primario del delito de privación ilegal de la libertad agravada , y Alberto Enrique Lemos, su gerente como partícipe secundario.

La justicia , como históricamente lo hizo , actuó una vez más con mano blanda para los empresarios, y en consecuencia, resolvió que ambos procesados continúen en libertad porque “ no hay elementos en la causa que permitan presumir el riesgo procesal de fuga o de entorpecimiento de las investigaciones.” No les importó que se tratara de delitos de lesa humanidad. COPENOA pone a disposición de sus lectores el fallo recaído en la causa “Aredez, Luis Ramón, Omar Claudio Gainza y Carlos Alberto Melián “ para su estudio y consideración .

Azúcar : dulce para el explotador , amarga para el trabajador

A 40 años de los trágicos hechos , la demanda de justicia continúa y hoy, como ayer los trabajadores azucareros luchan por sus derechos a salarios dignos. Mientras el Ingenio Azucarero Ledesma , como lo hicieron históricamente todos los ingenios azucareros del mundo entero, acumulan ganancias a costas de la explotación de miles de hombres y mujeres.