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Tras la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ratificó la competencia de la justicia federal para juzgar la causa por los daños y el destino de los fondos públicos en la comunidad de Caspalá, la parte querellante expresó satisfacción por el fallo al tiempo que advirtió sobre serias irregularidades e incumplimientos en los trabajos de reconstrucción que el Gobierno provincial lleva adelante en el pueblo.
La abogada querellante Alejandra Cejas destacó el valor técnico y político del fallo del máximo tribunal, que resolvió el conflicto de competencia entre la justicia provincial y la jueza federal Carina Gregoraschuk, respaldando el dictamen del procurador general interino, Eduardo Casal. «Nosotros veníamos sosteniendo que esta causa ya iniciada y tramitada no podía ser parte de una resolución de la justicia provincial. La apelación fue una estrategia de las defensas para evadir el proceso y el juicio, porque la causa ya está con elevación a juicio», señaló Cejas en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5).
La letrada explicó que la causa involucra tanto la afectación directa a los miembros de la comunidad como el posible perjuicio a las arcas nacionales: «El problema principal es de la justicia federal porque, por un lado, está el tema de los daños a los miembros de la comunidad y, por otro lado, el daño al fisco nacional».
En este último sentido, recordó que el Gobierno provincial nunca rindió cuentas de los recursos que recibió de Nación para llevar adelante las obras.
Respecto a los plazos procesales, Cejas indicó que la causa cuenta con casi 40 incidentes, debido a la complejidad del expediente que involucra a exfuncionarios públicos y vecinos perjudicados, entre ellos la destrucción de la finca de Pablo Cruz Mojoya. Ahora, con la competencia federal ya consolidada, se entra directamente a la etapa del juicio.
Los acusados
En esta causa, funcionarios actuales y exfuncionarios de la gestión de Gerardo Morales están imputados por el delito de defraudación a la administración pública. Son María Teresa Bovi, exministra de Educación; José Torrejón, actual funcionario del área de Infraestructura Educativa; María Cecilia Rotondo, asesora legal del Ministerio de Educación; María Victoria Martínez Fascio, ex secretaria de Infraestructura del Ministerio de Educación, ahora a cargo del Centro Cultural Lola Mora; Diego Ignacio Montenovi, funcionario de la Fiscalía de Estado, y Natividad Apaza, excomisionado y actual vocal de la Comisión Municipal de Caspalá.
El conflicto se inició a fines de 2022 cuando el entonces gobernador Morales anunció la construcción de una escuela justo en el lugar donde estaba la cancha comunitaria. La oposición de los vecinos que se levantaron en defensa de su espacio se desató una violenta represión. En tanto, el gobierno expropió ilegalmente un terreno propiedad de la familia Cruz Mogoya para, según anunció, construir allí un polidepotivo. En los trabajos de remoción del terreno se destruyó un antigal.
Acuerdo entre el gobierno y los comuneros de Caspalá: Construirán cancha y escuela
Finalmente, tanto la construcción en la cancha como las tareas en el terreno privado fueron suspendidas por orden judicial.
En cuanto a la cuestión de los fondos, la justicia federal comprobó que la provincia recibió de parte del gobierno nacional 43 millones de pesos, pero no cumplió con los avances de obra que debía hacer ni rindió cuentas sobre el destino de esos recursos.
Desobediencia y lavada de cara
Por su parte, Lidia Balcarce, referente e integrante de la comunidad de Caspalá, remarcó la importancia de que el juzgamiento se realice fuera de la órbita de los tribunales provinciales. «Estábamos esperando este dictamen. Nosotros no queríamos que sean juzgados acá porque sabemos la mafia que hay en la justicia local. Queremos que se haga justicia, que se aporten todas las pruebas y que empiece lo antes posible el juicio a los seis acusados», afirmó a El Submarino Radio.
En lo inmediato, la preocupación central de la comunidad está hoy en el terreno. Balcarce denunció que las obras de reparación y reconstrucción de la cancha, el antigal y los terrenos aledaños, que fueron ordenadas al Gobierno por la justicia, se están ejecutando con faltas a los protocolos fijados.
La resolución judicial estipulaba que, previo al inicio de las obras de reconstrucción de la cancha, el Ejecutivo debía presentar el proyecto formal y los estudios de impacto arqueológico con la participación de los peritos de parte, entre ellos el arqueólogo Gustavo Spadoni. Según la querella, esto no se cumplió.
Por otro lado, tampoco se cumplió con la orden judicial de notificar a la querella, la fiscalía, Gendarmería y a los peritos técnicos antes de intervenir en el lugar.
En lo referido estrictamente a las obras, los vecinos observan que se están haciendo trabajos superficiales. «Descascaran un poquito y ponen otra vez. No sacaron los adobes que estaban flojos, nomás los pegaron. Es como una lavada de cara para que esté bonito y nada más», describió Balcarce.
Como si esto fuera poco, denuncian que en el marco de las obras se construyó una escalera de acceso para la excomisionada Rosa Apaza, algo que no figuraba en la infraestructura original. «Eso no tendría que estar porque nunca estuvo, pero la señora se aprovechó y está haciendo construir esa parte», afirmó la mujer.
Más allá de la lavada de cara y la escalera con nombre propio, la comunidad está alarmada el modo en que se harán los muros de contención. «Es lo que más nos preocupa porque no sabemos de dónde van a sacar las piedras -explicó Balcarce-. No las pueden sacar del río, poque en verano baja mucha agua. Ni del suelo, porque nos come las tierras, ni de un cerro, donde después se puede generar un alud o algo peor».
«En la sentencia se estableció claramente que nuestros peritos, tanto el ingeniero como el arqueólogo, debían tener participación activa. Sin embargo, no los citaron. Supuestamente el 29 de septiembre tendrían que entregarnos la cancha, con muro de contención y todo. Pero vemos que otra vez va a haber una desobediencia, porque estamos en agosto y todavía no empezaron con el muro», señaló la mujer.
Causa Caspalá: La Corte Suprema confirmó la competencia federal
